En sus primeras indagatorias sobre la actuación de las autoridades durante y después de los sismos que azotaron varios estados del país, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha observado fallas que podrían ser motivo de violación a las garantías de los ciudadanos.

La carencia de transparencia y organización en la repartición de apoyos, inexistencia de censos de población afectada, necesidades de recursos materiales para pernoctar en la calle, escasez de seguridad, deficiente coordinación de autoridades de los tres niveles de gobierno, déficit de cobertura en comunidades aledañas a los municipios y sensación de abandono a dichas comunidades, son algunas de las faltas destacadas por el organismo presidido por Raúl González Pérez.

Hasta ahora, la CNDH ha recibido 127 quejas relacionadas con esos eventos, tanto en la Ciudad de México como en otros estados, a las cuales seguirá dando seguimiento, informó. De este total, 119 ya fueron debidamente calificadas y ocho están pendientes. Producto de esto, el organismo ya solicitó información al respecto a distintas autoridades federales, estatales y municipales.

De las quejas ya calificadas, 39 están relacionadas con las actividades de búsqueda y rescate en los inmuebles derrumbados; 34, con solicitudes de revisión de inmuebles con posibles daños estructurales; 21, de trabajadores que refieren daños en las instalaciones de sus centros laborales y carecen de dictamen, y 13, relacionadas con prestación de servicios públicos.

Otras cinco contra la presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Morelos, relacionadas con el destino de los vehículos que transportan víveres, y porque dicha ayuda se colocó en bolsas de la mencionada institución (se ha señalado que la idea era usarlas con fines de propaganda política para el gobernador de la entidad); tres se remitieron a comisiones de Derechos Humanos locales; una relacionada con seguros y esquemas de reparación (Infonavit) y tres por otros temas.

Ante esto, la CNDH instó a las autoridades de los tres niveles de gobierno a que en las labores tendentes al restablecimiento de la normalidad como consecuencia de los recientes desastres no soslayen la atención de las quejas que ha recibido durante la etapa de rescate de personas sobrevivientes y fallecidas.

De las actas circunstanciadas levantadas en la Ciudad de México, donde más muertos hubo, se observaron, entre otras deficiencias, desorganización y caos en los primeros días de rescate de personas y cuerpos; no se aplicaron protocolos y normas en el manejo de cadáveres por la inmediatez de la contingencia; constante rectificación en procedimientos de comunicación entre familias de víctimas y autoridades federales y de la capital, y falta de uniformidad en la metodología de trabajo y comunicación social en lugares siniestrados.

Además, no hubo un mismo mando en las zonas siniestradas donde operaron indistintamente las secretarías de Marina y de la Defensa Nacional, la Policía Federal y el gobierno capitalino; no se acondicionaron espacios adecuados para las familias de víctimas que esperaban noticias en zonas de siniestro, y existió desabasto de agua en zonas de Xochimilco, Iztapalapa y Tláhuac.