La Procuraduría General de Justicia (PGJ) capitalina abrió 163 carpetas de investigación por diversos delitos, de las cuales 83 son por fraudes cometidos por constructoras; fincará responsabilidades contra quien recibió un apoyo económico sin ser damnificado, y solicitó a la Interpol la emisión de una ficha azul contra la directora del colegio Enrique Rébsamen.

Con esa ficha se busca evitar que Mónica García Villegas intente salir del país, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio culposo de 19 niños y siete adultos, por el colapso del inmueble durante el sismo del 19 de septiembre, y conocer si en el extranjero es requerida por algún ilícito.

El amparo solicitado por la directora el viernes pasado, aclaró, no detiene la investigación iniciada en febrero pasado por la presentación de un documento de uso de suelo presuntamente falso, pues los tiempos jurídicos siguen su curso y con los resultados se fincará responsabilidad a quien la tenga.

La dependencia agregó que se abrieron otras nueve carpetas de investigación en los días recientes, con lo que suman 163, de las cuales 83 son por el delito de fraude, 43 por delito ambiental de cambio de uso de suelo, 23 contra directores responsables de obra (DRO) y 10 denuncias por homicidio culposo.

Además, tres por robo en hechos posteriores al sismo y una por sustracción de menor en un campamento, donde se detuvo a la persona y fue puesta a disposición de un juez, lo cual ha derivado en la intervención de 151 inmuebles, donde se realizaron 624 diligencias periciales de criminalística, fotografía y arquitectura.

El Ministerio Público, por su parte, tuvo 677 intervenciones, tanto en inspecciones oculares como en la solicitud, a otras autoridades, de información e investigaciones de campo, dijo, al destacar que se investigan 83 casos de fraude por encargados de la construcción, por algún vicio, calidad de los materiales y/o entrega de una obra diferente a la adquirida.

Se contrató un despacho de especialistas en ingeniería forense, que recopila los materiales en cada uno de los 151 inmuebles intervenidos, para enviarlos al laboratorio, donde se determinará la calidad de los materiales utilizados en cada construcción, cuyos resultados se concatenarán con los planos estructurales y permisos, entregados por las delegaciones.

Hasta el momento ninguna demarcación los ha entregado, lo cual limita la realización de los dictámenes específicos y fincar responsabilidades penales, y se está a la espera de que la Contraloría General deslinde los elementos para iniciar las investigaciones y fincar responsabilidades contra falsos damnificados, por fraude por perjuicio.

Mencionó que ese delito se castiga hasta con dos años y seis meses de prisión.