Jalisco y Veracruz son dos de los estados donde más se impide el acceso al aborto legal. Personal médico se niega a realizarlos aun cuando es una disposición establecida en la NOM 046 en casos de violencia sexual. Organizaciones defensores de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres resaltaron que incorporar la objeción de conciencia a la Ley General de Salud daría herramientas para que se siga vulnerando la autonomía de las mujeres.

Actualmente los trámites son tortuosos para las niñas y las mujeres. Decir que el médico se declara objetor, que no hay personal que la intervenga en ese momento  y pasar días para remitirla a otra persona. Todo justo para hacerles el camino más difícil y que en algún momento desistan, expuso en entrevista Adriana Jiménez, directora de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddeser).

Además, da pie a la impunidad en los casos de violencia sexual. Nos parece indignante que no haya acceso a la justicia para niñas y adolescentes y también para las mujeres.

Subrayó que el Estado está obligado a brindar todos los servicios. Si alguien se declara objetor tendría que haber otro que pueda brindar el servicio en ese mismo hospital o transferirla a un servicio que le permita precisamente encontrar a alguien que no lo sea.

Fernanda Díaz de León, asesora política y legal de la organización Ipas México, expuso que las implicaciones de la reforma aprobada el martes pasado en la Cámara de Diputados tienen un énfasis en los derechos de las mujeres, porque sabemos que normalmente los procedimientos que podrían objetarse tienen que ver con la prestación de servicios de salud reproductiva.

Añadió que la realidad es que en la práctica los servicios que más se objetan son aquellos que solicitan las mujeres que tienen que ver con la salud reproductiva y que por lo tanto las ponen en desventaja respecto de otros grupos.

Por tal motivo, urgió a que se instauren candados sobre qué personal de salud puede objetarse. Los servicios de salud se exponen a ser llevados a juicios por ser negado el servicio, porque la objeción de conciencia es personal. No debe suceder que una mujer llegue al hospital con una circunstancia de aborto legal y la institución diga que no le puede brindar el servicio, porque eso violenta los derechos humanos de las mujeres.