Buenos Aires.

La dirigente social Milagro Sala, detenida ilegalmente en la provincia de Jujuy desde enero de 2016, fue trasladada violentamente –en las primeras horas de la mañana– por efectivos policiacos, de la casa donde cumplía prisión preventiva domiciliaria, a la cárcel de Alto Comedero.

En violación a todas las normas legales, la lideresa, también diputada del Parlamento del Mercado Común del Sur, fue golpeada y arrastrada, descalza y en ropa de dormir, mientras gritaba: Déjenme. ¿Por qué me hacen esto? Como muestra hay un video que registra el abuso policiaco.

Una decena de efectivos de una fuerza especial se la llevó sin que su esposo, el periodista Raúl Noro, pudiera impedirlo, ya que no presentaron ninguna notificación a los abogados defensores. Quienes la trasladaron le dijeron que iban a enviarla para curarla de su salud mental y en el penal le mostraron los fundamentos para mandarla a ese lugar, del juez Pablo Pullen.

Ante esa situación, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Francisco José Eguiguren Praeli, expresó la preocupación de esa entidad, que calificó de grave retroceso la situación, ya que la organización resolvió que, dadas las condiciones carcelarias, Sala debía ser dejada en libertad o ser trasladada a su domicilio para cumplir allí prisión domiciliaria.

Tampoco esto fue cumplido. Sala fue trasladada a una casa abandonada y saqueada, que fue rodeada con una alambrada de púas, mientras un grupo de gendarmes y otro de policías custodiaban el lugar, bajo la condición de que se mostrara todos los días en la puerta de ese domicilio.

Si la medida cautelar no se cumple, tendremos que evaluar y decidir cuál es el paso siguiente, expresó el funcionario, quien advirtió que Sala cumple una prisión judicial preventiva.

Entendemos que la prisión es una medida extrema cuando hay un peligro para las investigaciones, pero aquí no hay una condena, recordó el presidente de la CIDH.

Por su parte, la abogada de Sala, Elizabeth Gómez Alcorta, calificó de secuestro la decisión.

En conferencia junto con Horacio Verbistky, presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales, dijo que hacían “responsables de la vida de Milagro Sala al presidente argentino Maurico Macri y al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales.

Pareciera que la quieren acallar y poner de rodillas, pero además quieren a Milagro muerta, sostuvo Alcorta, quien explicó que las condiciones de salud de la detenida política, según peritos judiciales, no posibilitan un traslado al penal.

Verbitsky sostuvo que el argumento de que el juez Pullen Llermanos “quiere cuidar la salud de Sala es un pretexto… Está lastimada, fue golpeada”. Y agregó que acá hay una responsabilidad del Poder Ejecutivo Nacional.

Amnistía Internacional advirtió que esta decisión incumple lo establecido por la CIDH y Argentina incurre en responsabilidad internacional al incumplir la medida oportunamente dictada por esa entidad.

El estupor ante esa situación provocó la protesta de organismos políticos, sociales y humanitarios, ante lo que consideraron una provocación del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, amparado por Macri. La indignación se extendió por todo el país y siguen llegando mensajes desde el exterior, los cuales consideran que el caso Sala es símbolo de lo que está dispuesto a hacer el autoritarismo de Macri.

El gobierno de Cambiemos desconoce esas protestas y continúa con la violación de los derechos humanos, como es el caso de la desaparición forzada del joven Santiago Maldonado en Esquel, provincia sureña de Chubut.

El bloque de diputados nacionales del Frente para la Victoria, Partido Justicialista, presidido por Héctor Recalde, consideró que la decisión judicial “constituye un nuevo acto de provocación y persecución política del gobernador Gerardo Morales, a quien ya no le alcanza con no cumplir la resolución de la CIDH, sino incurre en un eventual ‘secuestro’ de la dirigente social. Señaló que en Jujuy no hay garantías constitucionales ni respeto al debido proceso. Morales controla al Poder Judicial, al cual le dicta medidas y fallos en contra de Milagro.

Asimismo, los diputados expresaron que tanto Morales como el presidente Macri evaden la responsabilidad que el Estado Nacional tiene en el cumplimiento de las resoluciones de la CIDH. Esto es muy importante, porque el gobierno nacional consiguió en poco tiempo manchar la imagen ejemplar del país en el mundo en su lucha en favor de la defensa de los derechos humanos.