La trata de personas en México se ha extendido a las mujeres indígenas, que son llevadas del sur al norte del país o al Bajío, contratadas como trabajadoras domésticas y se les utiliza sexualmente o el crimen organizado las captura para transportar drogas de un estado a otro.

Asimismo, este delito se relaciona con los feminicidios, la desaparición de niñas, jóvenes, mujeres y hombres, y ha llegado a la industria de la construcción mediante la explotación laboral.

Ello, de acuerdo con el informe Trata de personas en México, una mirada desde las organizaciones de la sociedad civil, presentado en el Senado por la organización Hispanics in Philanthropy (HIP), cuyos investigadores entrevistaron a 70 integrantes de agrupaciones civiles del país.

Francisco Jesús Gómez Ontiveros, consultor de HIP, detalló que para la realización del informe se dividió al país en cuatro regiones: norte, sur, centro y Bajío.

En la zona norte, región en la que Gómez Ontiveros coordinó el trabajo de investigación, se detectó que el problema de la trata de personas afecta también a hombres jóvenes y adultos mexicanos y migrantes, que son contratados en la industria de la construcción.

En esa región, denunció, el crimen organizado capta personas, generalmente migrantes –nacionales y centroamericanos, indígenas mujeres y hombres–, para fines delictivos, entre los que destacan la siembra de drogas en Chihuahua, Tamaulipas, Sinaloa, Baja California y Coahuila.

Además en San Quintín, Baja California, existen situaciones de explotación y probablemente trata con fines de trabajo forzado o servidumbre, realidad que también se ubica en Sonora, Sinaloa y Baja California Sur.

Gómez Ontiveros apunta en el estudio que una situación que se observó en esa región es que existe una feminización en el tema de la trata, el cual está encasillado en la explotación sexual y prostitución forzada por los numerosos casos de violencia y feminicidios, además de que es recurrente la venta de personas con fines de explotación sexual por parte de sus parejas y/o sus padres.

Mayela Blanco, también consultora de HIP, destacó que en la zona del Bajío, que abarca los estados de Querétaro, Zacatecas, San Luis Potosí, Jalisco, Aguascalientes y Nayarit, se tienen movimientos internos de población nacional que es contratada como jornaleros en ranchos agrícolas, en muchos casos de empresarios que operan de manera clandestina. Contratan a indígenas y migrantes; hay una explotación laboral y trabajo forzado.

En esa región, señaló, “tuvimos conocimiento de pornografía infantil, explotación sexual, desaparición de mujeres y niñas, casos de abuso sexual y trabajo forzado de trabajadoras domésticas indígenas, en Guanajuato y San Luis Potosí, donde hay denuncias por abuso sexual de parte de patronas/es, pero luego las víctimas son trasladadas a otros estados, como Baja California y Tamaulipas.

En el informe se da cuenta de casos de niñas y mujeres utilizadas para el comercio sexual y servidumbre forzada. Detalló que se documentó el caso de una persona que desapareció en San Luis Potosí y fue localizada en Aguascalientes, donde realizaba trabajos forzados.

En la Huasteca potosina, “personas van a reclutar a mujeres para llevarlas a trabajar a estados como Nuevo León; a hombres los enganchan para la industria de la construcción y el sector agrícola, y los llevan a realizar trabajos forzados.

Se indica en el informe que si bien la violencia de género está presente en todo el país, en esta región resultó importante por el grado de exclusión y falta de desarrollo que presentan las mujeres, adolescentes y niñas.

La presencia de más empresas en la zona industrial demanda mayores servicios, incluyendo los de índole sexual, referidos por la presencia de migrantes japoneses y chinos.