Los daños provocados por los sismos revelaron la crisis del modelo de desarrollo urbano que se ha impuesto en la Ciudad de México, donde se han privilegiado los intereses del capital inmobiliario y financiero, señalan los ex dirigentes de la Coordinadora Única de Damnificados (CUD), Alejandro Varas y Cuauhtémoc Abarca.

Peor aún, advierten quienes encabezaron las luchas en 1985, se ha entregado la reconstrucción a estos mismos sectores garantizandoles aún más rentabilidad.

Fundador de la Unión de Vecinos y Damnificados 19 de Septiembre, que aglutinó la lucha en la colonia Roma en 1985 e integró la CUD, Varas cuestiona los alcances de la justicia tras los derrumbes de edificios nuevos: ha habido corrupción, complicidad y abierto conflicto de intereses entre funcionarios que han autorizado las grandes obras inmobiliarias y las empresas desarrolladoras. ¿Cómo esperar que se vayan a investigar irregularidades?

Para Abarca, quien encabezó la Coordinadora de Residentes de Tlatelolco, que también integró la CUD, el sismo evidenció evolución en muchos aspectos con respecto de 1985: protección civil, solidaridad social; pero que la corrupción subsiste. Y mata. Lamentablemente la mayor deuda de 1985 fue la justicia y todo apunta a que en esta nueva experiencia podría ser también el principal déficit, añadió.

La corrupción no es unilateral. Se suele pensar que sólo hay funcionarios comprados, aunque para que haya alguno así debe haber un corruptor: quien ofrece dádivas para que se autoricen construcciones que no cumplen reglamentos a fin de ahorrar en la construcción para obtener mayores ganancias a costa de la calidad estructural de la edificación, subraya Abarca. Destaca que deben investigarse todas las construcciones colapsadas o severamente afectadas, recientemente construidas, pues pese a la fuerza del sismo, no debieron ocurrir daños de esa magnitud.

La lucha de los damnificados en 1985 centró la demanda de responsabilidades en el gobierno, pues se cayeron hospitales, escuelas y edificios administrados por el sector público, como en Tlatelolco. En esta ocasión, el modelo neoliberal que se ha impuesto, hace más complejo imputar responsabilidades, pues existe connivencia entre funcionarios y los desarrolladores inmobiliarios, subraya Varas.

Cuestiona los vínculos del primer secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda del gobierno actual, Simone Neuman; era un alto directivo de Baita, incluso el propio Miguel Ángel Mancera fue representante de una de las inmobiliarias. En este conflicto de intereses encuentra Varas el trato privilegiado a desarrolladoras inmobiliarias que han impuesto un modelo depredador cuyos efectos han asomado con los sismos.

Lejos de intentar replantear el modelo el proyecto de reconstrucción acentúa el papel privilegiado de los sectores inmobiliario y financiero que lo encabezarán en los sectores medios afectados: Condesa, Roma y Del Valle, pero ¿quién va a invertir en Iztapalapa o en Xochimilco, donde también hubo centenares de casas afectadas? El proyecto de reconstrucción –destaca Varas– les asegura que su participación para enfrentar las consecuencias del desastre también tendrá alta rentabilidad.

Se ha autorizado 35 por ciento extra en la construcción de los edificios que sustituirán a los colapsados. Es decir, si era de nueve niveles, podrán construir hasta 12 para que los tres excedentes permitan financiar los que corresponderán a los damnificados, pero a los elevados precios que la especulación inmobiliaria ha llevado, garantizándoles más ganancias a los responsables de este desarrollo urbano.

Abarca destaca que en esta macabra coincidencia de los sismos de 1985 y 2017, hay diferencias fundamentales: hace 32 años hubo mil 500 sitios colapsados que se concentraron en la delegación Cuauhtémoc, versus los cerca de 50 inmuebles en este año. En cuanto a víctimas mortales, si en el sismo del 85 la CUD estimaba 40 mil fallecidos y oficialmente el gobierno reconocía 4 mil, en esta ocasión fueron 400 en los estados afectados.