Madrid.

Jordi Sánchez, presidente de la Asamblea Nacional Catalana, y y Jordi Cuixart, titular de la plataforma Omnium Cultural, principales líderes civiles del movimiento independentista catalán, fueron enviados a la prisión de alta seguridad de Soto del Real por orden de la Audiencia Nacional de España, que les decretó prisión sin derecho a fianza por el delito de sedición, que alcanza condenas hasta de 15 años de cárcel.

La decisión provocó indignación entre la ciudadanía catalana, que convocó a movilizarse este martes para exigir la liberación de lo que consideran sus primeros presos políticos.

Horas antes, el presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, había enviado una carta al presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, para dar respuesta al requerimiento oficial en el que se le pidió aclarar si había declarado o no la independencia en la sesión parlamentaria del pasado 10 de octubre.

En la carta, Puigdemont pidió dos meses de plazo para instalar una mesa de diálogo con algún intermediario, pero no hizo la aclaración requerida. El gobierno de Rajoy le recordó que el próximo plazo para responder vence el jueves a las 10 diez de la mañana. En caso de que no haya aclaración se activará de manera inmediata el artículo 155 de la Constitución y se suspenderá la autonomía de la región.

Este lunes comparecieron ante tribunales el mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero; su intendente, Teresa Laplana –a ambos se les retiró el pasaporte– y los dos Jordis, como se les llama a los líderes independentistas. Todos enfrentan cargos por sedición.

Una magistrada española los acusa de organizar e instigar a la violencia durante manifestaciones que derivaron en disturbios el pasado 20 de septiembre, en las que fueron atacadas patrullas de la Guardia Civil cuando realizaban una intervención en la Consejería de Economía de la Generalitat y en la que permaneció retenida durante 14 horas la comitiva judicial que acudió a la dependencia pública a levantar el acta.

La juez y la fiscalía general del Estado acusaron a los líderes independentistas de promover las protestas afuera de las dependencias públicas y de ser corresponsables de las agresiones y privación de la libertad que sufrieron los funcionarios, por lo que consideró fundamentadas las peticiones para procesarlos por sedición y ser enviados a prisión sin derecho a fianza.

En cuanto se supo la noticia, el movimiento independentista catalán difundió mensajes grabados en los que acusó a la Audiencia Nacional de tomar una decisión sin el menor fundamento jurídico, y advirtió que será una decisión por la cual el Estado español tendrá que explicar ante la opinión pública internacional y tribunales europeos, porque se trata de un escándalo; de una vergüenza.

Añadieron: esperamos tranquilos la orden de libertad. Sabemos que llegará porque no puede ser de otra manera. Cuando no se ha cometido ningún delito no puede haber prisión, así que exigimos una rectificación.

En una primera respuesta del movimiento secesionista se convocó a concentraciones ante las sedes de la delegación del gobierno español en Cataluña y a un paro de labores en toda la región al mediodía. Además de un alud de reacciones de condena, entre ellas la del vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, quien lamentó que mientras nosotros solicitamos diálogo, el PP, por medio de la fiscalía, responde con prisión.

El intercambio de mensajes entre Puigdemont y Rajoy, así como el encarcelamiento de los líderes independentistas catalanes ha complicaco la situación.

En tanto, el ex presidente catalán Artur Mas, procesado por los delitos de prevaricación, desobediencia y malversación, depositó ayer parte de la fianza fijada por la justicia para hacer frente a la responsabilidad por su actuación durante la consulta ciudadana del 9 de noviembre de 2014, que también fue prohibida por la justicia española.

Mas, en su día delfín político del histórico líder del nacionalismo catalán Jordi Pujol, depositó 2.2 millones de euros de los 5.2 millones que le fijaron de fianza. Junto a él enfrentan este proceso los ex consejeros de la Generalitat Francesc Homs, Joana Ortega e Irene Rigau, quienes también fueron condenados por el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por desobediencia.