Por considerar que el Estado tiene la obligación de corregir las consecuencias de la corrupción, la cual es el obstáculo más grande para el desarrollo económico y social, el magistrado federal Miguel Ángel López Aguilar confirmó ayer el auto de vinculación a proceso del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, quien está acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero de, por lo menos, mil 670 millones de pesos.

En su sentencia, López Aguilar –quien en agosto pasado negó la prisión domiciliaria a Elba Esther Gordillo– consideró que los datos de prueba apuntan a que una agrupación criminal conformada, probablemente, por nueve personas, de la que una de ellas fungía como dirigente, enramó una red de corrupción que tenía como propósito desviar recursos públicos. Esto impactó en la administración pública y por ende, en la seguridad nacional.

El pasado 22 de julio, la Procuraduría General de la República (PGR) presentó 82 datos de prueba contra Duarte, incluido el daño al erario, por lo que el juez federal Gerardo Moreno García determinó vincularlo a proceso penal. Además, el ex gobernador de Veracruz enfrenta una orden de aprehensión por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal, peculado, tráfico de influencia y coacción, los cuales están suspendidos por la vía de un amparo.