l encarcelamiento por cargos de sedición contra Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, presidentes de las organizaciones independentistas Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, respectivamente, no es sólo una aberración jurídica sino también una imprudencia política mayúscula en el contexto de la tensión entre Madrid y Barcelona por los pasos hacia la independencia emprendidos por la Generalitat, (el gobierno autónomo de Cataluña), y el Parlament (legislativo local). Como era de esperarse, las imputaciones penales contra esos líderes secesionistas y contra funcionarios como el jefe de los Mossos d’Esquadra (policía regional), Josep Lluís Trapero –quien se encuentra en libertad condicional– han generado rápida y masiva reacción social en Cataluña. Ayer, unas 200 mil personas salieron a las calles de Barcelona para exigir la liberación de quienes pueden considerarse, desde cualquier punto de vista, prisioneros políticos del gobierno español.

En efecto, las imputaciones por sedición formuladas por la fiscalía y aceptadas por una juez de la Audiencia Nacional de España, pretenden responsabilizar a Sánchez y Cuixart por la retención, entre el 20 y el 21 de septiembre pasados, de funcionarios enviados por Madrid a Barcelona con el propósito de detener personas y catear oficinas en las que se sospechaba que se estaba organizando el referendo independentista del primero de octubre siguiente. Asimismo, se les acusa por los daños que tuvieron algunas patrullas policiales y de obstruir la acción de las autoridades. Sin embargo, en esas fechas los hoy encarcelados se limitaron a convocar manifestaciones pacíficas en protesta por lo que era ya una política represiva y persecutoria del gobierno de Mariano Rajoy contra el independentismo catalán.

La torpeza y el autoritarismo del régimen madrileño han desembocado plenamente en el empeño de resolver un conflicto social y político de larga historia por la vía judicial y po- licial y han cerrado las vías consustanciales a la democracia, que son el diálogo, la negociación y las elecciones. Con ello, Rajoy no sólo ha exacerbado y fortalecido los ánimos de los sectores secesionistas de Cataluña, ya claramente mayoritarios desde antes que el referendo del primero de octubre lo confirmara, sino que ha llevado al Estado español a criminalizar y perseguir las disidencias políticas, con lo que lo coloca en una situación impresentable en el contexto de la Unión Europea.

Para colmo, el régimen madrileño se apresta a aplicar el artículo 155 de la Constitución, que establece la toma temporal del control de la comunidad autónoma de Cataluña y, previsiblemente, la sustitución de sus autoridades legítimas y su remplazo por funcionarios impuestos desde La Moncloa; ello conduciría, inevitablemente, a un recrudecimiento de la crisis y a un alejamiento de posibles soluciones negociadas y pacíficas.

En suma, si el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, llevó el proceso independentista por una ruta aventurada e inconveniente, la imprudencia y la ceguera autoritaria de Rajoy pueden causar ahora un desastre institucional de graves proporciones para toda España. Porque una cosa es segura: los métodos policiales, judiciales y represivos no van a disuadir de su postura a los millones de catalanes que anhelan la independencia de su país.