Madrid.

El más reciente enfrentamiento entre Mariano Rajoy, presidente del gobierno español, y Carles Puigdemont, de la Generalitat de Cataluña, no sirvió para reconducir el conflicto hacia una mesa de diálogo. El encontronazo es inminente y la cuenta atrás iniciará este sábado, cuando Rajoy reunirá en La Moncloa –residencia oficial– al Consejo de Ministros para autorizar la puesta en marcha del artículo 155 de la Constitución, que luego será enviada para su votación al Senado y que será la antesala de la suspensión de la autonomía catalana y la destitución de sus principales autoridades.

Puigdemont recibió dos requerimientos del gobierno español para responder con claridad si declaró o no la independencia en la sesión parlamentaria del 10 de octubre en el Congreso catalán.

Aquel día el presidente Puigdemont presentó el informe de los resultados del referendo y en su discurso declaró la independencia de la región, pero acto seguido decretó su suspensión para abrir una vía de diálogo con Madrid. Acabada la sesión, los 72 diputados secesionistas –de Esquerra Republicana de Cataluña, Partido Demócrata de Cataluña y Candidatura de Unidad Popular– se trasladaron a un salón contiguo para firmar un documento en el cual declararon el inicio de la nueva república independiente de Cataluña.

De la sesión unos y otros sacaron conclusiones antagónicas. Para los más entusiastas defensores de la independencia fue decepcionante, una oportunidad perdida, mientras para las formaciones contrarias, como Ciudadanos o el Partido Popular (PP), el discurso de Puigdemont y la firma del documento supusieron una declaración de facto de la independencia. El gobierno español decidió entonces pedir una explicación, que el presidente catalán respondió en dos cartas, la primera el pasado martes y la segunda este jueves.

Lo primero que hizo Puigdemont fue dar total validez al referendo celebrado el primero de octubre, que se llevó a cabo en condiciones adversas por el operativo policial ordenado desde Madrid y porque el Tribunal Constitucional decretó ilegal la consulta. El resultado, a pesar de todo, fue un éxito para los independentistas: votaron 2 millones 340 mil personas (43 por ciento del padrón), de los cuales 90 por ciento lo hizo en favor de la secesión.

En la misiva, el presidente catalán reprochó a Rajoy su falta de voluntad para dialogar y que en lugar de bajar la tensión y tender puentes se haya incrementado la represión, al citar el envío a prisión de los dos líderes civiles del movimiento separatista, Jordi Cuixart y Jordi Sánchez.

Finalizó la carta con una advertencia que, por lo que declaró después el gobierno español, se leyó como una amenaza: Si el gobierno del Estado persiste en impedir el diálogo y continuar la represión, el Parlamento de Cataluña podrá proceder, si lo estima oportuno, a votar la declaración formal de la independencia.

La respuesta de Rajoy también fue por carta. Tras asegurar que el gobierno catalán no había respondido al requerimiento de forma clara y concisa, el gobierno de España continuará con los trámites previstos en el artículo 155 de la Constitución para restaurar la legalidad en el autogobierno de Cataluña. Y anunció la celebración del Consejo de Ministros el próximo sábado para aprobar las medidas que enviará al Senado, a fin de proteger el interés general de los españoles, entre ellos los ciudadanos de Cataluña, y restaurar el orden constitucional. Además, lanzó un ataque directo a los líderes separatistas: Denunciamos la actitud mantenida por los responsables de la Generalitat de buscar, deliberada y sistemáticamente el enfrentamiento institucional, a pesar del grave daño que se está causando a la convivencia y la estructura económica de Cataluña.

El gobierno de Rajoy cuenta con el apoyo de la mayoría del Congreso de los Diputados y del Senado, al tener a su lado en la crisis con Cataluña al Partido Socialista Obrero Español y a Ciudadanos, mientras Unidos Podemos se alineó con las formaciones nacionalistas y busca ser mediador en una mesa de diálogo. En cualquier caso, el PP tiene mayoría absoluta en el Senado, que es donde finalmente se votará la puesta en marcha del artículo 155.

Mientras, en Barcelona, las formaciones separatistas mantuvieron una reunión con un único objetivo: establecer los plazos y las formas para realizar cuanto antes la declaración de independencia, alegando que no hay posibilidad de diálogo con el gobierno español. Además, están coordinando esfuerzos para responder a la escalada de represión que ven como inminente.

Continúa el éxodo de empresas

Este escenario preocupa a los funcionarios del gobierno español, entre ellos el ministro de Economía, Luis de Guindos, quien para tranquilizar a los mercados anunció que el conflicto abierto con Cataluña no derivará en ningún caso en un corralito en la región, una vez que los dos principales bancos catalanes, CaixaBank y Sabadell, ya cambiaron su sede social a otro punto de España, En cualquier caso el nerviosismo persiste en el empresariado, de hecho, este jueves anunciaron su salida de Cataluña tres importantes empresas: Laboratorios Ordesa, aerolíneas Volotea y la inmobiliaria Servihabitat. El balance provisional de la salida de empresas desde el primero de octubre es de 915, que decidieron cambiar su domicilio social y algunas, como Banco Sabadell, ya están evaluando cambiar también las oficinas principales de su consejo de administración y presidencia.