El Ministerio Público Federal ha solicitado la colaboración de la Secretaría de la Función Pública y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para investigar la evolución patrimonial de los funcionarios que firmaron desde 2010 a 2015 cuatro contratos con la empresa Odebrecht.

En tanto, Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), difundió a través de Twitter el documento en el que solicitó al ex titular de Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) Santiago Nieto Castillo, que le girara un citatorio de comparecencia para conocer la investigación en su contra por su la presunta utilización de recursos provenientes de la compañía brasileña en campañas políticas de 2012.

La indagatoria FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000117/2017, que inició la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (Seidf), contiene copia de las declaraciones patrimoniales de diversos funcionarios públicos y ex directivos de Pemex ‘‘que intervinieron en la adjudicación de contratos de obra pública asignados al conglomerado brasileño’’.

Falta de información

De acuerdo con los funcionarios entrevistados, el Ministerio Público Federal tuvo que recurrir a la Secretaría de la Función Pública y a la Unidad de Inteligencia Financiera, ya que en muchos de los casos en las declaraciones patrimoniales no se asentaron datos de los bienes, muebles, inmuebles, joyas y cuentas bancarias que poseen ni tampoco la evolución patrimonial que tuvieron.

En ese contexto, Lozoya Austin asentó en su declaración inicial de enero de 2013 que poseía una casa con una superficie de terreno de mil 165 metros cuadrados, que adquirió el 14 de noviembre de 2012, de contado, con un valor de 38 millones 175 mil pesos, y que también poseía joyas y obras de arte por más de un millón 100 mil dólares y que éstas fueron adquiridas entre 2003 y 2011.

Entre las obras de arte destaca un cuadro de Salvador Dalí, cuatro de Lizarate y uno de Pablo Picasso, el cual dijo que poseía por herencia.

Además, el ex director de Pemex reportó que poseía en total 11 cuentas bancarias e inversiones en dólares americanos, euros y francos suizos. En sus datos patrimoniales señaló tener ingresos mensuales netos, como servidor público, por 148 mil pesos; asimismo, por mes obtenía por actividades industriales o comerciales 390 mil pesos y por actividad financiera 184 mil, en total 722 mil pesos cada 30 días.

En 2015, Loyoza Austin declaró ingresos anuales netos como servidor público por tres millones 523 mil 343 pesos (ello significaba un sueldo mensual de 293 mil 611 pesos) y ya ningún otro ingreso relacionado con sus inversiones o por actividades comerciales.

Santiago Nieto, con la esperanza de ser reinstaladoFoto Cristina Rodríguez

De igual manera, en esa declaración agregó la compra de un vehículo, a través de una operación de crédito, y manifestó poseer joyería y relojería, aunque ya no colocó el valor de cada uno de sus objetos, y respecto de sus inversiones puso leyendas tales como venta y saldo, sin precisar los estados financieros de sus inversiones.

En su última declaración patrimonial, Lozoya Austin reservó toda su información.

En el caso de Arturo Arreguí, otro ex alto funcionario de Pemex que está siendo investigado por el caso Odebrecht –con relación a la presunta recepción de 10.5 millones de dólares por beneficiar con contratos en Pemex a la empresa brasileña–, éste no hizo públicos sus bienes patrimoniales.

Arreguí laboró en Pemex como coordinador general de Pemex Refinación, asimismo fue asesor de la dirección general, subdirector de planeación de Pemex Gas y Petroquímica y su último cargo fue como coordinador de supervisión y coordinador de proyectos, y en ninguno de los casos declaró de manera pública sus bienes.

De igual manera, en la averiguación previa iniciada por la Seidf se señala que Fernando Amor Castillo, superintendente general de Pemex Gas y Petroquímica Básica, y ex subdirector de Gas Licuado y Petroquímicos Básicos; Armando Ricardo Arenas y Víctor Domínguez Cuéllar, que ejercieron cargos de subdirección, tampoco permitieron que sus datos patrimoniales fueran del conocimiento público.

Ante la falta de datos financieros de estos ex servidores públicos, la PGR solicitó que las instancias financieras y administrativas revisaran la evolución patrimonial tanto de ellos como de sus esposas e hijos y algunos otros familiares cercanos, en un intento por detectar si alguno recibió depósitos irregulares que estuvieran vinculados con el caso Odebrecht.

El oficio dirigido a la Fepade

Lozoya Austin difundió ayer en su cuenta de Twitter el documento en el cual solicitó a Nieto Castillo, que lo cite para comparecer dentro de la investigación que se inició en ese órgano, y que originó el cese del funcionario tras haber señalado que se le había exigido que lo declararan inocente de cualquier cargo.

El ex director de Pemex escribió: “Ante la desinformación de quién les miente, difundo documento procesal que se debía guardar bajo sigilo judicial. En un segundo mensaje agregó: que encuentren estas personas cualquier intento de intimidación, amenaza o petición fuera de la ley. En un tercero señaló: para los mentirosos y violadores de la ley, la politiquería es el camino preferido.