Históricamente un eslabón débil, por su ineficacia y falta de autonomía que limitaron su actuación, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) había tenido una transformación en los pasados tres años, no sólo por el impacto político que tuvo investigar a los ex gobernadores priístas de Veracruz y de Chihuahua (Javier y César Duarte, respectivamente), y a un alto funcionario de la Secretaría de Gobernación (SG) –el subsecretario Arturo Escobar–, sino por un incremento en la persecución de delitos.

La transformación fue apuntalada en dos factores centrales: la nueva Ley Federal de Delitos Electorales, aprobada en 2014, que actualizó los tipos delictivos, y la designación de Santiago Nieto Castillo como titular.

Estos cambios produjeron que la fiscalía se alejara de la subordinación al gobierno en turno, que se daba incluso en las administraciones panistas, cuando virtualmente se congeló la actuación de esa instancia en el caso Amigos de Fox.

De acuerdo con las cifras oficiales de 2014, la Fepade sólo consignó 62 averiguaciones previas y el rezago alcanzaba 5 mil 552 expedientes en una etapa en donde 92 por ciento de los casos indagados se reducía a investigar lo relacionado con la credencial de elector.

Sin embargo, al amparo de la nueva legislación, la fiscalía electoral diversificó el ámbito de su actuación y lo incrementó cuantitativamente.

En 2015, los comicios federales y locales representaron la primera prueba para la nueva etapa de la democracia con el surgimiento del Instituto Nacional Electoral, la transformación de la Fepade y la instrumentación de las reformas electorales. De las mil 240 consignaciones de la fiscalía entre el 19 de febrero de 2015 –fecha de designación de Nieto Castillo– y el 15 de febrero de 2016, 446 se relacionaron con el proceso electoral, reduciéndose el porcentaje que tenían los delitos asociados a la credencial de elector.

La anterior ocasión en que se registraron renuncias o remociones en las instituciones electorales, ya iniciado el proceso, fue en 2005-2006. Justo el día que se formalizaba el inicio de la elección, el 30 de septiembre de 2005, fue forzado a renunciar el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Eloy Fuentes, bajo sospecha de corrupción en su desempeño.

En esa fecha, la entonces secretaria ejecutiva del Instituto Federal Electoral María del Carmen Alanís dimitía al cargo por profundas diferencias con el consejero presidente, Luis Carlos Ugalde; 12 años después, en los albores del proceso electoral, se descabezó a la Fepade.

En el diagnóstico inicial de la fiscalía tras la llegada de Nieto, se advertían como carencias institucionales: ‘‘las debilidades detectadas ante el rezago en la institución, las resistencias al cambio, la falta de recursos materiales y humanos, así como la necesidad de capacitación en el nuevo sistema procesal penal acusatorio’’.

Electo por el Senado con 95 votos y una abstención, Nieto Castillo definió prioridades: ‘‘consolidar la autonomía técnica y de gestión de la fiscalía y el ejercicio imparcial de las funciones de prevención y persecución del delito’’.

Su empeño por la autonomía enfrentó claroscuros. A la omisión de declarar haber sido asesor del PRD en su currículo para obtener el cargo, pronto se sumaría que su primer caso sonado, investigar por presuntos delitos electorales al ex subsecretario de Gobernación Arturo Escobar, se caería en los juzgados.

Emprendería luego indagatorias en contra de los ex gobernadores de Chihuahua, César Duarte, de quien recientemente la Fepade solicitó la extradición, y de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, así como de la legisladora de Morena Eva Cadena, entre otros casos relevantes.

Más de medio centenar de investigaciones de Santiago Nieto que involucran al PRI, aunque la más sonada es la indagatoria al ex director de Petróleos Mexicanos Emilio Lozoya Austin, asociado al soborno presuntamente recibido cuando fungía como parte del equipo de campaña del presidente Enrique Peña Nieto en 2012, lo que habría precipitado su remoción.

Con independencia de las polémicas suscitadas por la exposición mediática de casos, la Fepade ha cobrado mayor protagonismo en los comicios a partir de su estrategia de blindaje, encaminado a investigar y acotar las prácticas de compra y coacción del sufragio en los procesos locales registrados en los pasados tres años.

En 2017, la fiscalía investigó más de mil 500 casos relacionados con los procesos, en muchos casos, asociados a la intromisión de funcionarios o la pretensión de compra y coacción del voto.