En el sistema penitenciario mexicano falta mucho para alcanzar una verdadera reinserción social. Las malas condiciones de las instalaciones, la pérdida de control por parte de las autoridades en algunas cárceles, sobre todo estatales, donde existen autogobierno y cobros de piso; la falta de acceso a servicios de salud, educativos y recreativos; y otras situaciones que pueden generar hasta tortura de los internos, son una realidad de las prisiones del país.

Pese a los reiterados señalamientos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por corregir estas fallas en el sistema carcelario nacional (donde hay 208 mil reclusos), las autoridades no han atendido las deficiencias, particularmente en los penales estatales, lo que provoca que se den situaciones violentas, como sucedió hace un par de semanas en el Centro de Reinserción Social de Cadereyta, Nuevo León.

En entrevista con La Jornada, Ruth Villanueva Castilleja, tercera visitadora general de la CNDH, área que analiza la situación en estos centros, lamentó que aun cuando el año pasado el organismo nacional emitió una recomendación al gobierno de Nuevo León alertando de las condiciones de sobrepoblación, hacinamiento, autogobierno, cobros ilegales, falta de personal de custodia y salud, entre otros, que se presentan en tres penales de la entidad, la administración de Jaime Rodríguez Calderón –quien hoy es aspirante ciudadano a la Presidencia de la República– no ha mostrado intención de mejorar el sistema.

Ante los hechos violentos en Cadereyta, que dejaron 17 reclusos muertos y 37 heridos, la CNDH envió visitadores adjuntos para iniciar las investigaciones por violaciones a las garantías de los internos y sus familiares y hasta ahora, dijo la funcionaria, han detectado desorganización de las autoridades del estado para atender la crisis, su incapacidad para aplicar los programas y protocolos nacionales e internacionales y falta de atención a las familias.

Planteó que no sólo los penales de Nuevo León presentan estas circunstancias. En los informes sobre cárceles de varias entidades la CNDH acreditó, en un diagnóstico presentado hace unos meses, la persistencia de sobrepoblación, hacinamiento, autogobierno/cogobierno, falta de prevención y atención de incidentes violentos, anomalías en la separación entre procesados y sentenciados, condiciones materiales, equipamiento e higiene en áreas de dormitorios, sancionados, sujetos a protección, cocina y comedores, y la falta de personal de seguridad y custodia.

En lo que toca a los centros federales, enfatizó, si bien los administradores mantienen el control, se presentan otro tipo de violaciones a los derechos. La salud es la mayor deficiencia por falta de personal, medicamentos, pero también se da escasa atención y cuidados a adultos mayores, carencias de programas preventivos de adicciones y desintoxicación voluntaria, falta de capacitación para el trabajo y educación, nulas actividades deportivas, y que se mantiene a los internos por hasta 20 horas encerrados en sus celdas.

Las cárceles municipales, dijo, deberían funcionar sólo para la sanción por faltas administrativas, y pese a ello en muchas ocasiones se interna a acusados de delitos penales.

Un ejemplo de éxito, planteó la funcionaria, es la cárcel de Islas Marías, donde se cumplen los lineamientos y condiciones nacionales e internacionales para garantizar los derechos de los internos, pues trabajan, asisten a la escuela, hay capacitación, recreación y visitas de los familiares, entre otras.

Villanueva Castilleja indicó que la privatización de las cárceles no es la solución para mejorar el sistema; por el contrario, enfatizó que debe haber voluntad política y erradicar la corrupción para corregir las condiciones de muchos de estos centros.