Desde 2015, en el presupuesto destinado a la población indígena se refleja la tendencia a reducir sustancial y sistemáticamente los recursos, definió la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) en un documento que revisa el gasto en ese rubro, enviado a la Cámara de Diputados.

El recorte suma ya 25 mil millones, señaló la comisión a cargo de Jaime Martínez Veloz, y para 2018 el gasto destinado a las comunidades tiene un aumento de 3 mil 356 millones respecto de este año, que fue de 74 mil 896.

Asimismo, la comisión expuso, en un oficio dirigido a la Secretaría de Gobernación, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados, que en 2015 se señaló un incremento inusual de 10 mil 417 millones a pensiones para adultos mayores indígenas, que no ha sido explicado.

En la revisión detectó que en ese año se hicieron ampliaciones al programa Pensión para Adultos Mayores de la Secretaría de Desarrollo Social, para el que la cámara autorizó 12 mil 958 millones de pesos, pero con los recursos adicionales, suministrados trimestralmente, cerró el año con 23 mil 375 millones.

La oficina del comisionado reporta un millón de indígenas adultos mayores, pero en la cuenta pública de ese año el gobierno federal indicó que con esos recursos se atendió a 3 millones 300 mil indígenas. En el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2016 esa partida volvió a los términos de la aprobación por la cámara en 2015, esto es, 12 mil millones, indicó.

Martínez Veloz envió una carta al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, con copia a la ASF y a la Comisión de Asuntos Indígenas, en la que resaltó: “Para compensar el ajuste en los programas sociales (de 2015) se incrementó el presupuesto en programas de la Secretaría de Desarrollo Social, resaltando los casos del programa de Pensión para Adultos Mayores, con 10 mil 417 millones de pesos adicionales; el de estancias infantiles, con 2 mil 287 millones más, y el de Empleo Temporal, con mil 514 millones más.

En diversos análisis de las erogaciones para el desarrollo integral de los pueblos indígenas, elaborados por esta comisión, se ha documentado la falta de claridad en los criterios y metodologías para identificar a la población indígena y ejercer los recursos etiquetados, lo que implica que mientras el recorte sí impactó directamente a la población indígena, los incrementos no representaron beneficios adicionales.

El documento también indica que en 2015 los recursos para los programas de las distintas dependencias del gobierno federal que atienden a las comunidades indígenas se redujeron en 8 mil 781 millones de pesos respecto de 2014, mientras en 2016 el recorte fue de 16 mil 970 millones y en 2017, de 10 mil 365 millones.

La población indígena de México enfrenta grandes obstáculos para ver garantizado el ejercicio pleno de sus derechos, lo que se traduce en elevada desigualdad económica y social, crecientes brechas en los niveles de bienestar y su exclusión de los procesos políticos y democráticos del país, resaltó Martínez Veloz en su oficio.