ariano Rajoy y su partido, el Partido Popular (PP); el instrumento político propiedad de José María Aznar llamado Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (Cs), partido español fundado en 2006, actualmente presidido por el vendedor catalán de productos bancarios Albert Rivera, y la adhesión de cálculo electoral del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que nada le queda de socialista ni de obrero, todos cobijados por el inservible rey Felipe VI, conforman el destapado bloque monárquico que está incendiando Cataluña. A incendiarla ha contribuido, asimismo, Carles Puidgemont, casi ex presidente de la Generalitat; aunque con un poder infinitamente menor.

La declaración de independencia se hará pública, según los planes de los independentistas, momentos antes que el Senado apruebe las medidas ya decididas por Rajoy y su Consejo de Ministros. El Senado, diseñado para que queden alevosamente sobrerrepresentadas las mayorías relativas (o las minorías más grandes), espacio institucional en el que tiene mayoría absoluta el PP, dará pase automático a las medidas de congelación de la autonomía catalana, lo que incluye la destitución de Puidgemont y todo el gobierno de la Generalitat, el control de los Mossos d’Escuadra (policía autonómica), de TV3, de las resoluciones del Parlament y, además, dentro de los próximos seis meses, Rajoy convocará a elecciones para integrar un nuevo gobierno catalán. En ese interregno el PP gobernará Cataluña, habiendo obtenido 8.5 por ciento de los votos en las últimas elecciones catalanas.

El próximo viernes, si no hay cambios en los próximos tres días, la cámara alta aprobará, en la práctica sin fecha de término, la supresión de la autonomía catalana, frente al disparate que cometerá Puidgemont, declarando, unilateralmente, la independencia. Una declaración que no la reconoce España, ni la Unión Europea, ni ningún Estado del planeta, ni ninguna organización internacional, bueno, aunque mueva a risa, ni EPN. Se trata de una declaración muerta que se hacen a sí mismos los independentistas. ¿Es ese un Estado-nación independiente? No, no es estatalmente nada. Pero sí una gran conflagración social, una tragedia para Cataluña, para España, para la Unión Europea; una fábrica de independentistas, y una fábrica de republicanos; todo ello eficazmente impulsado por la actuación de un rey que supuestamente tiene la atribución de representar al conjunto del Estado y, por tanto, mediar y conciliar los intereses de las culturas nacionales que hoy habitan un precario Estado español, pero que lo que ha hecho es sumarse, con una nata de discurso, a la miope visión de Estado del PP.

Rajoy decidió judicializar la política: el referendo por la independencia en el que más de 2 millones de catalanes votaron, ignorando la Constitución y las leyes correlativas. Es claro que había y hay en ese hecho masivo, un problema político; que el problema está, por tanto, en la Constitución y sus disposiciones de integración territorial. Pero Rajoy usó una anacrónica Constitución y los garrotes, y acto seguido está usando la gasolina y el fuego.

Por encima de la ley, Aznar (miembro distinguido del PP), negoció con ETA cuando era una banda terrorista. El gobierno dijo entonces que había sido una necesidad política. A principios de septiembre de 2010, Aznar dijo a los españoles: He autorizado contactos con el Movimiento Vasco de Liberación. Entre otras cosas, Aznar negoció en secreto con ETA y Batasuna, liberar a 210 presos, miembros de ETA, y reubicar a otros 125 en cárceles del País Vasco, o próximas a ese territorio; esos terroristas eran absolutamente ilegales, eran criminales; ¿son acaso peores los independentistas catalanes?

En aquella fecha Rajoy, a la sazón presidente del PP, opinó: El gobierno ha hecho un gesto, el gobierno tiene la voluntad y el deseo de que llegue la paz. Ahora es un incendiario que está calcinando la paz de Cataluña y acaso la de España.

Hacia finales del siglo pasado hubo en España una breve rebelión de los jóvenes españoles de 18 años de edad, contra el servicio militar obligatorio. Entonces, el gobierno de Aznar no metió en la cárcel, ni reprimió, a los jóvenes que desobedecían la ley que regía a la mili, como se le conocía popularmente. Eran miles en España: había un problema político. En 2001, con la iniciativa, entre otros partidos, del PP, y bajo el gobierno de Aznar, la ley de obligatoriedad del servicio militar fue abrogada.

Hoy Rajoy seguramente ve un problema político en Cataluña que puede prender como pólvora en muchos otros espacios del Estado español, y acaso por eso, cree que puede arreglarlo todo a garrotazos y a fuego vivo. Todo lo va a empeorar, porque la demanda de una revisión de las bases, muy desiguales, de la integración territorial, del encaje de las autonomías en la Constitución, está también creciendo al menos en Ga­licia y en Andalucía. La reforma de la Constitución, en lo territorial y en lo fiscal también, que es un galimatías, son una necesidad imperiosa.

Algunas autonomías, como el País Vasco y, sobre todo, Navarra, poseen atribuciones, como la de votar sus propias leyes tributarias, que no poseen ninguna otra de las regiones autonómicas. Es claro que esa situación tiene una explicación histórica de larga data, pero hoy por hoy, ya no se justifica. La reforma de la Constitución es inexcusable.

Aznar atendió, como he apuntado, los dos problemas políticos citados por encima de la ley; pero en días pasados Aznar dijo a Rajoy, dizque en privado, si no puedes aplicar la ley, convoca a elecciones presidenciales.