antiago Levy y Evelyne Rodríguez (SLER) dedican el capítulo 2 de Sin herencia de pobreza (BID-Planeta, México, 2005) a presentar un diagnóstico de la pobreza extrema (PE), a la cual llaman pobreza, y aclaran en nota al pie que para los fines de este estudio se habla de familias en situación de PE como familias pobres y no se hace ninguna distinción entre hogares y familias (p.15). Como si hubiera un único método para medir la PE, sin explicar cómo se calculó, señalan:

En la fase de definición del Progresa se estimó que en 1997 había en México cerca de 20.2 millones de hogares. De ellos, se calculó a partir de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares de 1994 (ENIGH-94), que alrededor de 24 por ciento vivía en condiciones de PE. En términos absolutos, equivalía a 4.8 millones de hogares pobres, en los que vivían casi 28 millones de personas (o sea, 29.3 por ciento de la población) (p.15).

En un cuadro desagregan la PE en los medios urbano y rural: de los 27.5 millones (mill.) de personas en PE, 15.4 mill. habitaban en el medio rural (donde la incidencia, H, de la pobreza era de 60.9 por ciento) y 12.1 mill. en el urbano (donde la H de la PE era sólo de 17.7 por ciento). En el cuadro se indica que el cálculo de la pobreza lo realizó el Consejo Nacional de Población (Conapo), del cual era secretario general José Gómez de León, quien sería el primer coordinador nacional del Progresa. En www.iadb.org/es/noticias/articulos
/2004-10-01/la-historia-detras-
de-ioportunidadesi,5552.html se destaca el papel desempeñado por Gómez de León, junto con SL, en el diseño del Progresa. El bajo nivel de la PE se debe a que Conapo usó un método similar al de Levy en su estudio para el Banco Mundial (1991), consistente en definir la línea de PE (LPE), como el resultado de multiplicar el costo de una canasta de alimentos por 1.25 o un número similar, como veremos. SLER estaban conscientes de que la distribución de la PE entre el medio urbano y el rural, depende de cómo se fija la LPE. Evidentemente, para valores más altos de ésta aumenta el número de pobres y, en el caso de México, la proporción que las familias pobres urbanas representan dentro del total (p.17, nota al pie). Sin embargo, guardan silencio respecto de los 12.1 mill. de personas en PE del medio urbano que el Progresa excluiría (casi totalmente) durante su primera etapa. En la nota técnica del capítulo la identificación de los hogares beneficiarios de Progresa (capítulo III de Más oportunidades para las familias pobres. Evaluación de resultados del Progresa, 1999, Sedesol), Mónica Orozco, José Gómez de León y Daniel Hernández (OGH) explican cómo calcularon la LPE que es el punto de partida en la selección de beneficiarios del Progresa:

“La LPE se define con base al precio de una canasta básica alimentaria, que satisfaga los requerimientos mínimos para evitar la desnutrición, enfermedades y deficiencias antropométricas, aplicando al monto que resulte un margen adicional para cubrir otras necesidades básicas no alimentarias. Para tal efecto, se seleccionó la Canasta Normativa Alimentaria (CNA) elaborada por Coplamar, integrada por 34 productos alimentarios básicos… La CNA tenía un costo anual de 41 mil 863 pesos a precios de marzo de 1982, para una familia promedio nacional de 4.9 miembros…[costo que] fue actualizado a diciembre de 1996 con el rubro de alimentos del INPC. La LPE estimada fue de 7.04 pesos per cápita diarios. No todo el gasto de los hogares se efectúa en productos alimentarios. Existe un mínimo irreductible de gastos que se dirigen a la compra de productos no alimentarios. Por lo tanto, es necesario incrementar el costo de la CNA con un factor de expansión para reflejar esta situación. De no hacerlo se subestimaría la PE.” (p.77)

Presentan cálculos de la proporción que el gasto en ‘alimentos’ (incluyendo gasto corriente monetario en alimentos, todo el autoconsumo y todo el pago en especie recibido) representa del ingreso corriente de los hogares en el primer decil del medio rural. La selección de este decil se justifica diciendo que el factor de expansión debe basarse en evidencia empírica sobre la asignación del gasto en alimentos de las familias más pobres del país (p.78). Resulta un sinsentido total convertir las carencias duras de los más pobres en normas para identificar a los pobres beneficiarios de un programa de lucha contra la pobreza. El resultado del cálculo inicial fue un factor de expansión de 1.67, muy por arriba de 1.25 usado por SL en 1991. Después de señalar que la LPE así calculada se sitúa en un nivel tal que minimiza los errores de exclusión de familias necesitadas, reculan y añaden: Sin embargo, la aplicación práctica de la LPE arriba definida requeriría la medición del ingreso corriente total, lo cual a su a su vez implicaría la valuación del autoconsumo y de las prestaciones en especie. Al parecer esta frase está incompleta y lo que quisieron decir es que habría que evaluar el autoconsumo en alimentos y el pago en especie en alimentos del decil uno del medio rural. Pero esto se hace fácilmente porque en el cuestionario de la ENIGH 1994 se incluyeron las preguntas necesarias para captar (y valuar) el autoconsumo en alimentos y el pago en especie en alimentos. No lo hicieron. En vez de eso, tomaron una salida más conveniente que da como resultado un factor de expansión más cercano al de SL: “Se definió una LPE monetaria (LPEM) contrastable con el ingreso corriente monetario. Para tal efecto, se calculó la proporción promedio que representa el gasto monetario dentro del ingreso corriente (sic) de un hogar y se aplicó ésta a la LPE… Para el primer decil de hogares rurales, fue de 80 por ciento, con lo cual se obtuvo el factor de expansión ajustado de 1.34” (p.79). En efecto, multiplicando el factor de expansión original de 1.67 por 0.8 se obtiene el nuevo factor de expansión (1.34). Al multiplicar el costo de la CNA por 1.34 se obtiene la LPEM. Moraleja, si el factor de expansión para pasar del costo de la canasta alimentaria (CCNA) a la LPE no te gusta, corrígelo. El factor de expansión (F) es el inverso del coeficiente de Engel: proporción que el gasto corriente alimentario (GCA) representa del gasto corriente total (GCT): E = GCA/GCT. Por tanto, F = GCT/ GCA. El cuadro muestra los cálculos hechos por OGH y algunas adiciones y comentarios míos. Se hace evidente que el factor de expansión (F igual a 1.67) resulta de dividir un gasto corriente total (suma de conceptos alimentarios y no alimentarios) entre un gasto corriente al que se llama suma ‘alimentos’ pero que incorpora autoconsumo y pago en especie, que no sólo incluye gastos en alimentos, sino también en rubros no alimentarios. El valor F que adoptan finalmente, de 1.34, resulta de dividir el gasto monetario total entre la misma suma de ‘alimentos’ y rubros mixtos. Evidentemente estas impurezas llevan a coeficientes inválidos y, por tanto, a LPs sin sentido conceptual. Se elige el factor de expansión más bajo, igual que el decil 1 rural como patrón de observación, para minimizar y ruralizar la pobreza. Queda pendiente explicar y valorar críticamente cómo utilizan la LP minimalista obtenida para identificar a los beneficiarios del Progresa

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