El pleno de la Cámara de Diputados aprobó la creación de un grupo de trabajo especial de seguimiento a la reconstrucción. La propuesta de Morena se aprobó para sustituir otra, (también presentada por ese partido) por la cual se exigía al presidente Enrique Peña Nieto presentase su renuncia al cargo, de acuerdo con el artículo 86 de la Constitución.

Entre la lista de proposiciones de puntos de acuerdo de urgente resolución se había contemplado una elaborada por Morena, con el propósito de exhortar al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, a que haga uso del artículo 86 constitucional y presente su renuncia inmediata al cargo por los graves hechos de corrupción evidenciados en el caso Odebretch.

No obstante, el grupo parlamentario del PRI logró que tal propuesta se enviara a la Junta de Coordinación Política para su procesamiento legislativo, y concedió la integración de la comisión de seguimiento a los trabajos de reconstrucción tras los sismos.

En tanto, durante la sesión ordinaria, el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín, recibió una propuesta firmada por más de un millón 600 mil ciudadanos, en la plataforma change.org, para promover un estilo diferente en la gestión de campañas políticas, a fin de que los partidos ejerzan los recursos con una auditoría ciudadana y presupuestos participativos.

Ramírez Marín indicó que trabajará en una eventual declaración acordada entre los grupos parlamentarios, a través de una respuesta institucional a lo que más de un millón de ciudadanos nos están diciendo.

Morena refiere en su propuesta que el Presidente de la República ha sostenido que se requieren 48 mil millones de pesos para reconstruir las zonas afectadas por los sismos y esta Cámara de Diputados ha proyectado 433 mil millones de pesos en la Ley de Ingresos. En medio de la tragedia no debemos permitir que existan tentaciones para lucrar con el dolor, sin duda, sería reprobable que se tergiversaran las labores de reconstrucción, pues harían que un desastre natural se convirtiera en una calamidad humana y de grandes consecuencias para nuestro país.

Así, el argumento para vigilar el destino de los recursos destinados a la reconstrucción se acompañó de la propuesta de una comisión especial en el Congreso, cuyo objeto será coadyuvar a que las labores realizadas por el Estado mexicano restablezcan la normalidad de las actividades en las zonas afectadas y garanticen los derechos de las personas damnificadas, reactivando el sector económico y productivo que sufrieron estos daños.