México y Brasil son los países de América Latina donde existe mayor desigualdad en el acceso a sistemas de pensiones dependiendo del estado o región en el que viven sus ciudadanos, señala un reporte de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

En el análisis Brechas, ejes y desafíos en el vínculo entre lo social y lo productivo, el organismo de Naciones Unidas destaca que las entidades federativas del sur del país, las cuales se caracterizan por tener una proporción mayor de actividades agrícolas, baja densidad de población –principalmente indígena– y una pequeña población urbana (como Oaxaca, Guerrero y Chiapas), son las que presentan los menores porcentajes de población que cotiza en un sistema de pensiones.

El análisis de la Cepal destaca que la desigualdad territorial dentro de cada país de la región es profunda, pues la dispersión del porcentaje de ocupados afiliados al sistema de pensiones (medida a través del rango entre el valor mínimo y el máximo) es en promedio de 25 puntos porcentuales, aunque en los casos de Brasil y México, dicha brecha alcanza rangos superiores a 40 puntos porcentuales. Una gráfica del reporte muestra que mientras en estados como Nuevo León y Coahuila más de 55 por ciento de la población está afiliada y cotiza en sistemas de pensiones, en entidades como Oaxaca y Chiapas, donde una porción importante de la población labora en el sector primario –el cual incluye los sectores de agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza– menos de 15 por ciento de la población tiene esa posibilidad.

Según las estimaciones de la Cepal, elaboradas sobre la base de tabulaciones especiales de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2014, en México cerca de 15 por ciento de la población labora en el sector primario y menos de 35 por ciento de quienes tienen un empleo están afiliados a sistemas de pensiones para el retiro.

Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal, advierte en el prólogo de la obra que los logros significativos registrados en el primer decenio y medio del presente siglo en la región hoy están en riesgo de retroceso, pues persisten altos niveles de desigualdad y pobreza en América Latina y el Caribe, lo cual obliga a reflexionar sobre la necesidad de superar las brechas y restricciones estructurales que socavan la posibilidad de un desarrollo con igualdad y sostenibilidad en nuestra región.

En el documento se argumenta que la inversión en las personas a lo largo de todo el ciclo de vida, particularmente en la infancia, adolescencia y juventud, y el fomento del desarrollo social inclusivo, son elementos centrales para lograr una mayor igualdad, lo cual resulta fundamental para avanzar en la senda del desarrollo sostenible y cumplir los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre de 2015.

Al contextualizar la situación actual de la región el documento revela que América Latina y el Caribe afrontan una coyuntura compleja en el ámbito social y económico, pues las tasas de pobreza no se han modificado en forma significativa en los años recientes y la desigualdad en la distribución del ingreso, aun cuando se redujo en la mayoría de los países a partir de 2002, en 2015 se mantuvo en niveles similares a los observados en 2014.

Baja tasa de crecimiento

Detalla que si bien la economía de la región está volviendo a crecer tras dos años de contracción, la tasa de crecimiento económico proyectada para 2017 (estimada en 1.1 por ciento) es baja y está acompañada por un aumento de la tasa de desempleo, que en zonas urbanas se prevé que alcanzará 9.4 por ciento.

Se trata de una coyuntura difícil, en que están amenazadas las condiciones para seguir progresando hacia el gran objetivo de erradicar la pobreza en todas sus formas y asegurar que nadie se quede atrás, señala el estudio.

Por ello señala que la región debe avanzar, tanto en lo productivo como en lo social, hacia un círculo virtuoso de desarrollo en el que, mediante la diversificación productiva y el cambio estructural progresivo, se promuevan los sectores más intensivos en conocimiento y con mayor potencial de crecimiento de la demanda interna y, al mismo tiempo, mediante el desarrollo social inclusivo, se logre reducir las desigualdades sociales, superar la pobreza y consolidar los derechos económicos, sociales y culturales para toda la población.