La utilización del Ejército en tareas de seguridad pública ha sido uno de los factores que han hecho aumentar los índices de violencia en el país desde el inicio de la guerra contra el narcotráfico, debido a que la implementación de un enfoque estrictamente represivo ha generado más disputas internas entre los grupos delincuenciales para quedarse con los puestos de liderazgo.

La anterior es una de las principales conclusiones de académicos y activistas participantes en la conferencia internacional Seguridad, democracia y derechos humanos: la vía civil, quienes descartaron la factibilidad de dar un marco de certeza jurídica a las fuerzas armadas para que sigan realizando labores propias de las policías.

Aldo Ponce, profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), subrayó que la violencia en el país tuvo un repunte muy claro durante el sexenio de Felipe Calderón debido a la militarización de la seguridad pública, aunque también se sumaron factores como la pobreza, la desigualdad y la fácil disposición de armas provenientes de Estados Unidos.

No obstante, la estrategia de combatir a los grupos criminales únicamente con las armas y apresando o matando a sus líderes se constituyó como uno de los elementos que incrementaron la violencia, puesto que al atomizar a los cárteles, sus integrantes comenzaron a pelear entre sí para definir quiénes serán los nuevos dirigentes.

La táctica de decapitar a las organizaciones delincuenciales, enfatizó el académico, sólo tiene un efecto de corto plazo para debilitarlas, mientras la generación de más violencia tiene consecuencias de mayor duración.

Por lo anterior, Erubiel Tirado, coordinador del programa de seguridad nacional y democracia de la Universidad Iberoamericana, consideró que no es viable dotar a las fuerzas armadas de una norma que regularice su presencia en las calles, como la ley de seguridad interior, que ha impulsado el Ejército.

Una de las consecuencias de ello, señaló Sandra Ley, también profesora-investigadora del CIDE, sería que aumentara todavía más la actual tendencia de llevar a militares a ocupar puestos de mando en los organismos de seguridad pública de estados y municipios, y a que se agudizara la violencia contra los colectivos de la sociedad civil que protestan contra dicha estrategia.

Maureen Meyer, coordinadora del programa México de la Oficina en Washington para Asuntos de América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés), apuntó que la militarización de la guerra contra el narcotráfico ha sido además un esquema impulsado por los sucesivos gobiernos de Estados Unidos, que desde 2000 le han dado a las autoridades mexicanas más de 20 mil millones de dólares para combatir a los grupos delincuenciales.

Aunque en los años recientes el país ha recibido menos recursos dentro de la Iniciativa Mérida, de todas formas es muy probable que el modelo impulsado por la Casa Blanca en materia de lucha contra los grupos criminales siga estando basado en una óptica militar, tomando en cuenta la tendencia del gobierno de Donald Trump y la formación de su gabinete, añadió.