Aunque crecientemente cuestionado por las dimensiones alcanzadas, el financiamiento público ha sido factor fundamental en la transición democrática y en el logro de mayor equidad en las elecciones –si bien la polémica desatada por la pretensión del PRI de cancelar este esquema financiero– desde la reforma de 1996, ha permitido acotar el poder del dinero privado y con todos sus problemas y críticas favorecer mayor transparencia y fiscalización de los gastos partidistas.

A más de 20 años de la reforma que consolidó el esquema de financiamiento público con un sustancial incremento a los partidos a cambio de tener control de su origen, el saldo es evidente: dos de las tres elecciones presidenciales ganadas por la oposición; conformación de un Congreso plural y, en ese periodo, la oposición ha ganado 47 elecciones de gobernador. En la actualidad, sólo cinco entidades han sido siempre gobernadas por el tricolor: Colima, Campeche, Coahuila, Hidalgo y estado de México.

La sombra corporativa

Ese es al saldo en términos del sistema político electoral, sin embargo, el esquema legal vigente, que garantiza un doble financiamiento a los partidos, federal y estatal, arroja que en este año –donde sólo hubo elecciones en cuatro entidades– los partidos tenían asignados 4 mil 59 millones de pesos para gastos ordinarios a nivel nacional; 3 mil 900 millones de gastos ordinarios a escala estatal, y 578 millones para las campañas en las cuatro entidades, que suman 7 mil 657 millones de pesos, cifra superior a la del más reciente reporte de Hacienda para la reconstrucción por los sismos, de 6 mil 844 millones al 20 de octubre. En 2018 habrá 30 elecciones locales y las federales.

Integrante del primer Instituto Federal Electoral (IFE) autónomo, el ex consejero Jesús Cantú advierte de los enormes riesgos que implicaría eliminar las prerrogativas a los partidos: ‘‘Suprimirlas pondría en riesgo la equidad alcanzada en el sistema electoral’’ y revitalizaría riesgos de financiamiento privado ilícito, por ahora en buena medida acotado.

No sólo implicaría la posibilidad de mayor riesgo de injerencia de las corporaciones en las políticas públicas –los casos Odebrecht y OHL lo ejemplifican–, sino incluso de financiamiento del narcotráfico y desvío de recursos de programas sociales. Actualmente, los recursos públicos aseguran que gran parte de las operaciones partidistas sean bancarizadas, lo que favorece la fiscalización, a pesar de lo cual el uso de dinero en efectivo aún es utilizado para incorporar recursos ilícitos, lo que se potenciaría si se cancelan las prerrogativas partidistas, advierte Cantú.

El financiamiento público de los partidos en México comienza formalmente con la reforma electoral de 1977, pero con esquemas que no garantizaban equidad en los recursos, lo cual preservó el esquema de partido hegemónico. Es sólo después de la elección de 1994 cuando se estima que el PRI gastó ocho de cada 10 pesos que se ejercieron en las campañas que, ante las denuncias de inequidad y falta de legitimidad, se accedió a una reforma de gran calado que entre otros aspectos confirió plena autonomía al IFE.

Consensuada en prácticamente todos sus aspectos, el punto de quiebre de la reforma fue paradójicamente el financiamiento. Aunque se introdujo la fórmula de 30 por ciento de distribución y 70 por ciento en función de la votación obtenida, el PRI condicionó la reforma a un sustancial incremento de las prerrogativas partidistas, postura que fue rechazada por PAN y PRD, que calificaron de desmesurado el aumento, pero su determinación de devolver gran parte de los recursos fue meramente coyuntural, pues al paso del tiempo encontrarían en este dinero un factor para acceder al poder.

Polémico de origen, el creciente financiamiento de los partidos políticos se ha convertido en uno de los principales cuestionamientos al sistema electoral, pues la creciente necesidad de recursos para las campañas lo ha desvirtuado.

Incluso, los propios partidos políticos han alentado absurdos jurídicos: en virtud de la fórmula que regía en 2003, las prerrogativas –que incluía como uno de los factores el número de partidos con registro, que entonces eran 11– en los comicios intermedios de ese año, el PRI recibió partidas para gastos de campaña superiores a las que podían ejercer. No devolvió el dinero, eran los tiempos en que enfrentaban el pago de la multa de mil millones de pesos por el Pemexgate.

Inmersos en la secuela de los sismos de septiembre, los cuestionamientos de diversos sectores ante los recursos que se asignan a los partidos se reciclaron. Reticentes a modificaciones en el renglón de recursos a partidos políticos en las recientes reformas, el PRI y otros partidos visulumbraron en la coyuntura una oportunidad de rentabilidad electoral, siendo el tricolor el que llevó la pretensión de reducir las partidas al punto de eliminarlas.

‘‘El PRI plantea esta ruta porque tiene con qué compensar la cancelación de los recursos públicos’’, subraya Cantú. ‘‘Si cancelan todo el financiamiento público oficial se van a beneficiar de todos los recursos que fluyen ilícitamente mediante la manipulación de los programas sociales, como sucedió en el estado de México y en Coahuila.’’

En medio del debate abierto en torno a las prerrogativas de los partidos políticos, tras la iniciativa priísta de regresar las correspondientes al último trimestre y proponer cancelar el financiamiento público, Cantú señala que existen otras rutas para aminorar el monto de recursos asignados, sin renunciar a los beneficios del financiamiento público de los partidos.