icho sea en castellano de España. Con toda la ira y con todo el fariseísmo infame de que son capaces han cargado sobre los independentistas. Enardecidos, han pergeñado la más extrema interpretación del artículo 155, que carece de ley reglamentaria.

Han eclipsado la autonomía mocha de Cataluña, Rajoy, cabeza de una envilecida ultraderecha (el PP y la casa real), acompañado de su marioneta, Ciudadanos, y por el también corrupto PSOE (tiene decenas de querellas por corrupción pendientes en los juzgados), hoy convertido a una inocultable posición de derecha monárquica y antidemocrática.

Con una desvergüenza inaudita e insultante, Rajoy dijo que “no se trata de suspender el autogobierno, de intervenirlo ni de recortarlo…”; sólo de cesar al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a su vicepresidente, Oriol Junqueras, y a todos los consellers (secretarios) de todas las ramas del Ejecutivo, además al director de los Mossos d’Esquadra, Pere Soler, así como al secretario general de la Conselleria de Interior y la extinción del Diplocat y las embajadas de Cataluña en el exterior. Se añade el cese de los delegados de la Generalitat en Bruselas y Madrid. Rajoy había propuesto también el control de la prensa catalana y TV3, pero el voto particular del PSOE sobre este punto fue de zafarse de esta propuesta, a lo que se sumó apresuradamente el PP. El poder fue entregado a la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santa María. Rajoy convocará de inmediato a comicios generales en Cataluña, para que la elección tenga lugar el 21 de diciembre. No, no se trata de suspender el autogobierno.

Los partidos independentistas alcanzaron 48 por ciento de los votos en las pasadas elecciones catalanas (2015). Fue más que suficiente para ganar el gobierno de Cataluña (el PP, que ahora gobernará, apenas alcanzó 8.5 por ciento de los sufragios). Después de décadas de inconformidad catalana con su Estatut recortado por un Tribunal Constitucional favorable a los dictados del PP (no favorable a la ley); después de seis años consecutivos de manifestaciones multitudinarias demandando un referendo pactado y vinculante que, ahora está más que claro, habría ganado el No a la independencia, Puigdemont llamó a un referendo no legal, que impulsó la aventura farisea de Rajoy.

En el espacio de lo jurídico, las palabras dichas o escritas, tal cual, cuentan y cuentan decisivamente. El referendo de Puigdemont no era tal, por cuanto no era pactado bajo el procedimiento legal, ni podía ser, por tanto, vinculante. Rajoy podría no haber hecho nada, ha dicho el jurista Baltasar Garzón, por cuanto la manifestación de un deseo por parte de los independentistas no tenía efecto jurídico alguno. En efecto, las palabras escritas en la boleta independentista eran: ¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república?, “Quiere que…”, explica Garzón, es una manifestación de un deseo indeterminado en cuanto a tiempo, vía, proceso.

Los independentistas, más de 2 millones, tienen derecho a serlo y decirlo, ¡faltaba más!, y los que no lo son ¡también! Por decirlo en una papeleta, les han caído encima los garrotes de Rajoy y causado cerca de 900 heridos, algunos graves.

Los independentistas del Par­lament habían hecho aprobar, previamente, una ley del referendo. El Tribunal Constitucional (TC) anuló la ley y el referendo que no era. Detrás de la decisión del TC, vino la represión. Y luego, Puigdemont y el Parlament continuaron en la tontería: exactamente lo que necesitaba intensamente Rajoy para armar un escándalo de grandes dimensiones. Y lo consiguió. Puigdemont jugó a las vencidas con Rajoy. Sólo en las patrañas bíblicas David vence a Goliat. Rajoy inventó el peor contenido para el artículo 155 de la Constitución española, aplastó la autonomía catalana, y escaló el conflicto mil gradas. La primera manifestación multitudinaria (un millón) ha sido contra Rajoy y contra los independentistas, y Ciudadanos busca capitalizarla. Bruselas ofrece asilo a Puidgemont: todos de acuerdo contra los independentistas. El incendio, las llamas.

Desde 1978 se han descubierto más de 175 redes de corrupción asociadas, todas ellas, a los partidos en el poder, y según la Comisión Nacional del Mercado de Valores, esa corrupción cuesta a los españoles 45 mil millones de euros anuales. El premio mayor se lo lleva el PP, partido que gobierna y que necesita como el oxígeno seguir gobernando. De otro modo, la cárcel espera a muchos. El PP es el partido más corrupto de Europa. Tiene en la actualidad más de 900 cargos imputados por corrupción. Los casos de corrupción en este partido político se reproducen cada semana, a veces cada día, con más y más altos dirigentes implicados en hechos de enriquecimiento ilícito, de financiación ilegal y de saquear los recursos públicos. La red de corrupción mayor es la trama Gürtel. En el primer juicio de este caso (de 10 que serán), ramificado por toda España, se han implicado judicialmente a 37 personas a las que se reclaman, entre multas y fianzas de responsabilidad civil, unos 450 millones de euros. La fiscalía ha solicitado sólo para Francisco Correa, cabeza de esta trama, 125 años de prisión.

Las acusaciones de esa corrupción inimaginable, cercaban a Rajoy y su partido; el incendio catalán las ha borrado de la arena política.