El Grupo de Detenciones Arbitrarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), así como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunciaron sobre los casos de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz, quienes llevan 15 años en prisión preventiva.

En conferencia de prensa, los abogados Simón Hernández y Aribel García (hija de Daniel García Rodríguez) señalaron que los detenidos han sido víctimas de tortura y fabricación de delitos. Además, fueron objeto de detención arbitraria, ya que los arraigaron sin orden de aprehensión. Se les acusó de estar involucrados en el homicidio de la regidora del municipio de Atizapán de Zaragoza María de los Ángeles Tamez Pérez, ocurrido el 5 de septiembre de 2001.

El Grupo de Detenciones Arbitrarias de la ONU, en la opinión 66/2017 determinó que la detención tuvo carácter arbitrario y por ello ordenó adoptar medidas adecuadas para reparar integralmente el daño.

Añade que el acto fue arbitrario porque fueron detenidos sin orden judicial y posteriormente arraigados sin pruebas en su contra.

Exigen acatar orden

El colectivo Pena sin Culpa exige al gobierno federal, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores y las autoridades del estado de México, acatar la determinación del Grupo de Detenciones Arbitrarias y poner en libertad inmediata a García y a Alpízar.

La CIDH, en el informe de admisibilidad 68/2017, sometió al Estado mexicano a un procedimiento internacional para determinar las violaciones a los derechos humanos a causa de la detención por más de 15 años, la falta de investigación y sanción de la tortura, así como la falta de protección judicial y las violaciones al debido proceso en contra.

Aribel García tenía 13 años cuando detuvieron a su padre, quien se encuentra en el Penal de Barrientos, en Tlalnepantla. Ahora es abogada y es su defensora.

Precisó que la acusación es una infamia y confía en que el gobierno atienda los pronunciamientos de la ONU y la CIDH. Su padre fue detenido a los 37 años, ahora tiene 52; se le cortó su proyecto de vida.

En tanto, Hernández señaló que se debe cerrar la causa penal y que si hubiera voluntad política de las autoridades, la libertad se concretaría en cuestión de semanas.