México forma parte de los seis países donde existe mayor impunidad en agresiones contra periodistas, fenómeno que ha crecido más de 140 por ciento en la década reciente debido a que la ausencia y debilidad de las autoridades han hecho aumentar los actos de intimidación violenta contra los comunicadores.

Aseveró lo anterior el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) al dar a conocer el Índice global de impunidad 2017, en el cual señala que funcionarios y grupos criminales siguen sin castigo en México por agredir a reporteros, a pesar de que en teoría el país tiene un gobierno democrático y estable, y no vive formalmente un escenario de conflicto.

El documento indica que México ocupa la sexta posición en el conteo –sólo debajo de Somalia, Siria, Irak, Sudán del Sur y Filipinas–, debido a que en los 10 años recientes han sido asesinados con absoluta impunidad al menos 21 periodistas.

En el estudio, el CPJ señala como responsables de estos homicidios a grupos criminales, como los narcotraficantes, aunque también menciona que México forma parte de los países que se presentan como democracias, pero que han aparecido reiteradamente en el índice debido a que la impunidad de estas agresiones también beneficia a funcionarios gubernamentales.

Asimismo, la organización internacional subraya en el informe que la mayoría de las víctimas en México son “periodistas locales que informaban sobre la delincuencia, la corrupción y la política en estados dominados por los cárteles del narcotráfico”.

El CPJ estima que en el país se han registrado algunos avances contra la impunidad, entre ellos el hecho de que se impartió justicia parcial en marzo de 2017, cuando el comandante policial Santiago Martínez fue sentenciado a 30 años de cárcel por el asesinato en 2016 del periodista Marcos Hernández Bautista, aunque destaca que el autor intelectual no ha sido enjuiciado.

La organización recuerda que el presidente Enrique Peña Nieto se comprometió –en un encuentro con una delegación del CPJ– a darle tratamiento prioritario al combate contra la impunidad por el asesinato de comunicadores, y sustituyó al titular de la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle).

No obstante, califica de retroceso el hecho de que sólo en 2017, por lo menos cuatro periodistas han sido asesinados por el ejercicio de la profesión, y cita como caso representativo el del corresponsal de La Jornada en Sinaloa, Javier Valdez Cárdenas, quien fue acribillado el 15 de mayo de este año.

Valdez Cárdenas, enfatiza el CPJ, dedicó su vida a contar las historias de las víctimas de la guerra del gobierno mexicano contra las drogas. La Feadle se ha hecho cargo del caso, pero no ha habido arrestos.

Todo lo anterior, apunta la organización, ha influido para que México sea uno de los países donde el puntaje de impunidad aumentó en la mayor proporción en la reciente década, con un alza de 142 por ciento.