La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 8VG/2017, dirigida a la Procuraduría General de la República (PGR) y a los gobernadores de Nuevo León y Tamaulipas, por la falta de actuación diligente y efectiva en la investigación de la muerte de 49 personas encontradas en el municipio neoleonés de Cadereyta en mayo de 2012.

De acuerdo con la investigación del organismo público, los agentes del Ministerio Público tanto federales como locales no llevaron a cabo diligencias para establecer líneas de investigación sobre los probables responsables de los hechos, no buscaron testigos ni solicitaron las pruebas periciales que el caso ameritaba.

De igual manera, el personal de la CNDH advirtió que los peritos de la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León no resguardaron adecuadamente el lugar donde se hallaron a las 49 personas y practicaron de manera deficiente las necropsias correspondientes.

Asimismo, la comisión documentó omisiones de los agentes del Ministerio Público para realizar diligencias que permitieran obtener información con el fin de verificar de manera oportuna la nacionalidad de dos personas de origen nicaragüense, lo que derivó en el retraso de su identificación.

Como parte de este mismo escenario, el organismo comprobó la falta de celeridad en la integración de las averiguaciones previas, lo que ocasionó que los familiares no fueran reconocidos oportunamente como víctimas indirectas.

Por todo lo anterior, la CNDH consideró que fueron vulnerados los derechos humanos al acceso a la justicia, a la seguridad ciudadana y al honor de las víctimas directas e indirectas, por lo cual le solicitó a la PGR inscribir en el Registro Nacional de Víctimas a aquellos familiares de las personas fallecidas que no lo han hecho.

También recomendó a la procuraduría trabajar en conjunto con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para evaluar en un peritaje a cada familiar afectado y llevar a cabo la reparación integral del daño.

En cuanto a los gobernadores de Nuevo León y Tamaulipas, se les pide realizar diagnósticos sobre las rutas de tránsito de migración del país, particularmente en zonas de alto riesgo, para que se intensifique la vigilancia y se eviten casos como el de la recomendación.