La Comisión de Educación Pública de la Cámara de Diputados requirió a la de Presupuesto una ampliación de 60 mil millones de pesos para el gasto educativo de 2018, con el propósito de superar el recorte planteado por el Ejecutivo en el proyecto de Presupuesto de Egresos.

En la opinión que presentó ayer sobre los fondos que se destinarán a la educación el próximo año, propuso reponer 600 millones de pesos para las universidades públicas de los estados, que no se consideran en el proyecto.

También, la comisión definió que debe darse alta prioridad a la inversión en educación, como uno de los puntos estratégicos para el futuro de la nación. Es necesario un mayor esfuerzo para incrementar sustantivamente las asignaciones y el Congreso debe hacerlo para atender los compromisos del nuevo plan educativo.

Como parte de su propuesta, la comisión también planteó una transformación de las escuelas normales, que pasa por una reforma curricular de todos los programas, así como apoyos con mejores prácticas educativas, como la participación de los egresados en el servicio profesional docente, la investigación educativa y la creación de cuerpos académicos.

Para los legisladores, de mantenerse el recorte al gasto educativo, existe el riesgo de que no se cumplan las metas en todos los indicadores y no se puede soslayar que, a pesar de los esfuerzos, persisten inequidades y rezagos en el sistema educativo, que requieren decisiones con urgencia.

En un balance de los resultados, la comisión expuso que aun cuando se han disminuido progresivamente las tasas de deserción escolar, el sistema educativo nacional enfrenta problemas y rezagos que es indispensable atender, en especial la desigualdad persistente en la población infantil indígena.

Abundó: Los factores que ahondan la desigualdad y exclusión educativa son las brechas de acceso a la educación por el origen social, el tratamiento desigual a las escuelas, la segregación económica y cultural de las escuelas, así como la existencia o no de un proyecto de equidad o inclusión escolar.

Detalló que, en comparación con el presupuesto aprobado para este año, por programas hay recortes de 26.7 por ciento en fortalecimiento de la calidad educativa, por menos 693 millones; de 10.4 por ciento en carrera docente en universidades estatales, menos 22 millones; 41.2 por ciento a expansión de la educación media superior y superior, un recorte de 430 millones; 33.6 por ciento a mantenimiento en infraestructura, menos 235 millones; 8 por ciento a evaluaciones de calidad de la educación, menos 7 millones, entre otros.

Además, se eliminan los programas de fortalecimiento a la educación temprana y el desarrollo infantil, que este año dispuso de 500 millones, y a la atención a problemas estructurales de las universidades estatales, para la que en 2017 se autorizaron 600 millones.

Incluso, el proyecto presidencial no considera nuevas plazas en universidades y el sector central, mientras que los fondos para atender el incremento salarial y prestaciones cae 79.7 millones en el ramo 11, educación pública, y 473.8 en el ramo 25, previsiones y aportaciones para los sistemas de educación básica y normal; se disminuye en 142 millones el rubro otras medidas de carácter laboral, y se recortan mil 455 millones en incremento a percepciones.