Durante su gira de trabajo por Cancún, Quintana Roo, el presidente Enrique Peña Nieto recibió una carta de representantes de empresarios afectados por el aseguramiento que hizo la Procuraduría General de la República (PGR) de mil 500 cajas de seguridad, como parte de las investigaciones que lleva a cabo contra el ex gobernador Roberto Borge Angulo.

En la misiva, piden al mandatario intervenir para garantizar el resguardo de sus bienes, mientras en Ciudad de México, la PGR informó que dichas cajas permanecerán en las instalaciones de First National Security, donde se les ubicó, y ahí mismo se abrirán. Indicó que los dueños se pueden acercar con sus agentes para verificar que sus pertenencias no han sido hurtadas.

Puntualizó que un juez especializado en el sistema penal acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en Quintana Roo otorgó una orden de cateo para asegurar el inmueble de la compañía dedicada al resguardo de valores, por lo que el operativo de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) se apegó a la legalidad.

La finalidad es hallar indicios asociados a delitos penales. Una vez que concluya el análisis, todos los bienes que no guarden relación con los hechos materia de la investigación que realiza la PGR serán devueltos a la brevedad posible a quien acredite su interés jurídico, indicó la dependencia.

En Cancún, una comitiva de empresarios que fue invitada a la ceremonia de inauguración de la terminal 4 del aeropuerto de esa ciudad, entregó la carta al Presidente, en la cual plantean que el decomiso de sus bienes se realizó con el pretexto de una investigación de delitos contra la salud. (La PGR) intenta trasladarlos a Ciudad de México y establecer las condiciones para devolverlos en dicha ciudad a sus propietarios.

Los empresarios consideraron que eso viola sus derechos, así como el hecho de que en la empresa de seguridad se colocó un cartelón donde se atribuye a los mil 500 usuarios de First National Security el carácter de imputados en delitos contra la salud.

También solicitan a Peña Nieto su intervención, a fin de que en la apertura de dichas cajas estén presentes un notario, un actuario y los propietarios. Cinco de los afectados obtuvieron de un juez las primeras suspensiones provisionales por el aseguramiento y para que las cajas permanezcan en Cancún, informó el abogado Juan Bermejo.

Por la noche, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicitó a la PGR medidas cautelares.

(Con información de David Rodríguez)