Las reglas de operación del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas presentaron inconsistencias en 2016, por lo que no fue posible evaluar su contribución en el cumplimiento efectivo de los derechos sociales de estos mexicanos ni de sus familias.

Tampoco se conoce su incidencia en la alimentación, la salud y la educación de la población atendida, ni en la reducción de las condiciones de precariedad que enfrenta la población beneficiaria.

Reportó lo anterior la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el análisis de la Cuenta Pública 2016, en el que mencionó que la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) debe subsanar las deficiencias encontradas en el diseño del programa, focalizar adecuadamente la atención, identificar a la población objetivo, incidir en la solución de la problemática que aqueja a la población jornalera agrícola y evaluar en qué medida el programa contribuye a fortalecer el ejercicio de los derechos humanos y laborales, así como a mejorar las condiciones socioeconómicas de estos trabajadores.

El Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas es una política pública asistencialista que otorga subsidios directos para estimular la asistencia y permanencia escolar de los niños y jóvenes de hogares de jornaleros y busca que los trabajadores migrantes cuenten con recursos a su arribo a una unidad de trabajo, indicó la auditoría.

Se otorgan subsidios indirectos para proveer de alimentación a los niños menores de 14 años, afrontar contingencias, potenciar su desarrollo, promover la participación comunitaria y desarrollar infraestructura de servicios básicos. Así, la Sedesol pretende subsanar las condiciones de precariedad en las que vive este grupo de la población, originadas por sus deficientes condiciones laborales. Sin embargo, las reglas de operación no permiten atender eficazmente la problemática de la población jornalera agrícola, ya que está desvinculado el objetivo con las causas del fenómeno que afecta a este grupo de la población.

La problemática tiene que ver con la violación de los derechos humanos y laborales de los jornaleros y los integrantes de sus familias, y con el trabajo infantil, aspectos que originan la condición de vulnerabilidad y exclusión social que enfrenta este sectorn.

Agregó que aunque los apoyos que otorga el programa se orientan a fortalecer los derechos de los jornaleros agrícolas, el acceso a ellos está a cargo de otros planes federales, lo que resta efectividad a la aplicación de los recursos en la solución de la problemática detectada.