Con el pretexto de la lucha contra la delincuencia, desde enero de este año la corporación policiaca Fuerza Tamaulipas ha cometido múltiples abusos contra la población civil de ese estado fronterizo, incluidos robos, extorsiones, violaciones sexuales, desapariciones forzadas, actos de tortura y ejecuciones extrajudiciales, todo ello con la protección del gobernador, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

Así lo advirtió Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, quien destacó que uno de los casos más emblemáticos de esta serie de agresiones es el de José Antonio Rodríguez Martínez, un bombero que fue acribillado por elementos de Fuerza Tamaulipas y a quien más tarde se le sembró un arma para tratar de inculparlo de lo ocurrido.

En charla con La Jornada, el activista explicó que dicho cuerpo policiaco de élite comenzó a operar desde inicios de 2017, al parecer como una respuesta al asesinato de Ricardo Martínez Chávez, subdelegado de la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas.

Formada por los mismos integrantes y el mismo esquema de la Policía Estatal Acreditable –sólo que con un nombre distinto–, Fuerza Tamaulipas comenzó a realizar operativos de seguridad pública con unos 300 elementos, al mando de una persona identificada sólo como comandante Cobra.

Pensamos que iban a hacer patrullajes conjuntos con la procuraduría estatal, pero no vinieron a poner orden; sólo surgieron como un acto de represalia por el asesinato de Ricardo Martínez. Los dejan hacer lo que sea y en este momento hay al menos 80 denuncias formales por los atropellos que causan, indicó Ramos.

Fue en este contexto donde ocurrió el caso de José Antonio Rodríguez, quien el 2 de marzo de este año fue víctima de ejecución extrajudicial por parte de los elementos de Fuerza Tamaulipas, cuando regresaba a su domicilio, después de haber visitado a su madre, en la ciudad de Nuevo Laredo.

Contradicen la versión oficial

De acuerdo con el director del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, un convoy de la mencionada agrupación marcó el alto a Rodríguez Martínez, de 34 años de edad y con 15 de servicio como bombero, quien, a decir de Ramos, trató de acercarse con su vehículo a una zona mejor iluminada antes de detenerse.

Al no frenar de inmediato, los integrantes de Fuerza Tamaulipas comenzaron a dispararle, hasta que una de las balas le quitó la vida al servidor público por herida en el cuello. Pese a la gravedad de la situación, los policías no permitieron el ingreso del Ministerio Público y los paramédicos, sino hasta una hora después del incidente.

Cuando por fin lograron entrar al sitio donde el bombero había sido asesinado, los encargados de la indagatoria se dieron cuenta de que la víctima tenía un fusil AR-15 en la mano derecha. De inmediato hubo acusaciones de que los uniformados le habían sembrado el arma, pues Rodríguez Martínez era zurdo.

Se interpuso una denuncia, pero a ocho meses, vemos que la investigación está detenida y que a los involucrados los mandaron a varias ciudades. En Tamaulipas sólo hubo un cambio de administración, pero seguimos sin tener justicia y sin sanciones contra los malos policías, en un escenario donde el gobernador acusa de ser delincuentes a quienes exigen justicia para Rodríguez Martínez, lamentó Ramos.