Madrid.

El destituido presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, y los cuatro ex consejeros que se refugiaron con él en Bélgica fueron puestos en libertad con medidas cautelares la noche de este domingo por un juez belga que les tomó declaración e inició el proceso judicial para su presumible entrega al Estado español.

El ex mandatario catalán tiene abierto un expediente en la Audiencia Nacional por los delitos de rebelión, sedición, malversación de recursos públicos y cohecho, por los que ya fueron enviados a prisión sin derecho a fianza nueve miembros de su gobierno, entre ellos quien era su principal aliado en el proceso soberanista, Oriol Junqueras, ex vicepresidente y también líder de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).

Puigdemont y los cuatro ex consejeros: Meritxell Serret, Toni Comín, Lluís Puig y Clara Ponsantí, se presentaron con sus abogados por la mañana en una comisaría de policía de Bruselas. Su intención era mostrar su máxima disposición para colaborar con la justicia tras ser informados de que el pasado viernes por la noche la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela giró una orden de búsqueda y captura en su contra tras no presentarse a declarar ante el juzgado como hicieron los otros miembros del gobierno cesado.

El líder independentista decidió entregarse a la policía belga, que lo identificó y luego notificó su presencia a las autoridades judiciales que decidieron su traslado a la fiscalía, donde se les tomó declaración durante cinco horas. El juez tenía tres opciones: negarse a gestionar la orden de captura, aceptarla a trámite y mantener detenidos a los cinco políticos catalanes o dejarlos en libertad condicional.

Finalmente decidió ordenar su libertad con cargos y aplicar dos medidas cautelares básicas, la entrega de sus pasaportes y notificar al juzgado el lugar donde se encuentran hospedados en Bruselas.

Puigdemont y los ex consejeros están en Bélgica desde el pasado 29 de octubre, cuando viajaron de forma semiclandestina desde Cataluña a Bruselas. Su objetivo era evadir a la justicia española, que tenía previsto citarlos a declarar la semana pasada. De hecho, el resto de los integrantes del gobierno de Puigdemont fueron interrogados el pasado jueves y enviados a la cárcel sin derecho a fianza, a excepción de Santi Vila, quien dimitió la víspera de la declaración unilateral de independencia impulsada por Puigdemont y aprobada en el Parlamento catalán el pasado 27 de octubre.

La justicia belga decidirá, en un proceso que se puede demorar hasta 45 días, si accede o no a la petición de la justicia española, que solicitó la entrega de los cinco independentistas argumentando la gravedad de los delitos que enfrentan, por los cuales podrían enfrentar condenas hasta de 50 años de cárcel.

Ahora se abre un periodo de dos semanas para que los tribunales belgas estudien la petición y en caso de que proceda se inicien los trámites para su entrega o para su rechazo, con lo que, en virtud de las garantías procesales del sistema jurídico de Bélgica, antes de adoptar una decisión definitiva las pruebas y fundamentos de la petición serían analizados por al menos dos magistrados.

El sector independentista, que desde que Puigdemont se refugió en Bélgica está inmerso en la organización de las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre, celebró la liberación con medidas cautelares como un triunfo de la justicia y una demostración de que en España la justicia está politizada.

La diputada del partido Candidatura de Unidad Popular (CUP), Mireia Boya, advirtió que la justicia belga acaba de confirmar que los de aquí son nueve presos políticos.

En términos similares se expresó la actual líder de ERC, Marta Rovira, quien señaló bueno, ahora ya podemos decir que son presos políticos, ¿verdad?

Ferran Mascarell, político catalán que hasta hace una semana era el representante en Madrid del gobierno autonómico, añadió que esta decisión es una muestra de la diferencia entre una justicia independiente y la justicia de un Estado autoritario donde ha desaparecido la división de poderes.

El ex diputado soberanista Roger Torrent dijo que queda clara la diferencia entre una separación real de poderes y un sistema judicial politizado. Entre una democracia madura y un estado de derecho fallido.

El nacionalismo catalán tiene estrechos vínculos con el nacionalismo flamenco de Bélgica, que al igual que el partido de Puigdemont, tiene una raíz conservadora. Jan Jambon, viceprimer ministro de Bélgica y responsable de la cartera del Interior, pertenece precisamente a esta formación y ha sido el primero en alzar la voz en favor de los independentistas catalanes.

A juicio de Jambon, el gobierno de Mariano Rajoy ha ido demasiado lejos al haber antepuesto las leyes nacionales a la convención de los Derechos Humanos y otras legislaciones que están por encima.

Incluso exigió más atención de la Unión Europea (UE) a este conflicto y que rompa su alineamiento con España. Sólo estoy cuestionando cómo un Estado miembro de la UE puede llegar tan lejos, y me pregunto dónde está Europa para tener una opinión al respecto. Cuando la policía golpea a las personas, cabe preguntarse cosas. Cuando el Estado español encierra a dos líderes de opinión, tengo preguntas. Y ahora el gobierno español actuará en el lugar de un gobierno electo democráticamente, cuyos miembros están encarcelados. ¿Qué han hecho mal? Simplemente aplican el mandato que recibieron de sus electores. Entonces, me estoy haciendo preguntas, añadió Jambon.

Más duro aún fue el ex primer ministro de Bélgica Elio Di Rupo, quien calificó al gobierno español de franquista y autoritario, al advertir que si bien Puigdemont ha abusado de su posición, Rajoy se ha comportado como un franquista autoritario. Encontremos el camino de una España más federal. Yo combato la política de Puigdemont, pero me impactaría mucho si la justicia belga lo mete en prisión.

Desde el derechista Partido Popular el europarlamentario Esteban González Pons calificó los ataques de los políticos belgas de irresponsables y peligrosos, al advertir que si el ministro Jambon duda de la imparcialidad y el respeto por la legalidad de la justicia española, sin duda el ministro tiene un problema de percepción de las democracias en Europa.