Cancún, QR.

La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) encontró en las cajas de seguridad de First National Security evidencia que confirma que el crimen organizado las usaba para depositar insumos producto de actos delictivos, informó el encargado de despacho de la Procuraduría General de la República (PGR), Alberto Elías Beltrán.

En conferencia de prensa, señaló que dichas cajas servían como lugar de almacenamiento de información para cometer más actos delictivos, y hemos encontrado millonarios recursos en efectivo, tarjetas para clonación, listados de propiedades del crimen organizado e incluso armas de fuego.

Destacó que más de 50 por ciento de los usuarios de las mil 540 cajas de seguridad existentes no han reclamado sus bienes. A 292 propietarios ya se les regresaron sus pertenencias, y elevaremos a más de la mitad nuestro personal para agilizar la entrega de bienes a los que faltan, prometió.

Precisó que eliminarán los requisitos innecesarios para continuar con el proceso de devolución, acción que se llevará a cabo en Cancún y por ninguna circunstancia tendrán que desplazarse a Ciudad de México, debido a que son instrucciones giradas los agentes de la Seido.

Indicó que desde el 9 de noviembre, personal de derechos humanos realiza visitas de inspección y evaluación técnico-jurídicas sobre la actuación de los servidores públicos que participan en las diligencias, ante las quejas de los usuarios y con el fin de de vigilar su labor.

Descartó que para dar inicio a las devoluciones se condicione a los usuarios a desistirse de amparos y demandas promovidas ante juzgados federales para ser entrevistados previo a recibir sus bienes. También rechazó que personal de la subprocuraduría, Policía Federal y Marina hubiera incurrido en desacato por negarse a atender una diligencia judicial.

Sin embargo, el vocero de los afectados de las cajas de seguridad, David Uribe, afirmó que Elías Beltrán miente, pues sí se les exige el desistimiento de amparos a los titulares, los cuales son más de 900, a la espera de que sean atendidos para que puedan recibir sus bienes.

Se han violado sus derechos humanos, porque ni la PGR ni los representantes de la empresa se han puesto en contacto con ellos. Más que una disculpa pública, lo que necesitan los afectados son hechos; todos necesitan recobrar su vida, dijo.

Sostuvo que los agentes de la subprocuraduría transgredieron las leyes de amparo, pues de entrada, cuando abrieron las cajas de seguridad tenían que haber contado con la presencia de dos testigos.