Marid.

El Tribunal de Cuentas de España ordenó este martes el embargo del domicilio del expresidente catalán Artur Mas para cubrir los gastos generados por el referendo de independencia no vinculante que su gobierno organizó en 2014.

También fueron embargadas dos fincas de la ex vicepresidenta Joana Ortega y de la ex consejera Irene Rigau, y la mitad de la casa del ex vocero del gobierno catalán Francesc Homs.

El ex presidente Mas y sus principales colaboradores gobernaron Cataluña en un periodo de seis años, de finales de 2010 a principios de 2016, tras suceder en el cargo a su mentor político e histórico líder del nacionalismo catalán, Jordi Pujol, hoy sometido a numerosos procesos judiciales por diversos casos de corrupción política.

El ex presidente Mas es uno de los principales líderes del movimiento independentista y hoy enfrenta los rigores de la justicia española, sobre todo a raíz de su condena por un delito de desobediencia que le costó la inhabilitación por dos años para ocupar un cargo público y una multa de 5 millones de euros que le impuso el Tribunal de Cuentas. Su delito fue impulsar una consulta ciudadana que había sido prohibida por el Tribunal Constitucional y que pese a ello se llevó a cabo el 9 de noviembre de 2014.

Tras su condena y multa, Mas y sus colaboradores han pagado sólo parte de los 5 millones de euros, sobre todo gracias a varias campañas de donación y reunión de fondos impulsada por el movimiento independentista; sin embargo, todavía tienen pendiente de pagar 2 millones 300 mil euros. El monto de la multa fue fijado en función de lo que se calcula costó la consulta popular.

La resolución del Tribunal de Cuentas remarca que la Asamblea Nacional Catalana (ANC) pagó casi 3 millones de euros para asegurar la fianza, pero los procesados han debido poner inmuebles como garantía y ahora con el embargo de viviendas quedaría cubierta la totalidad.

Artur Mas fue el principal mentor del también ex presidente catalán Carles Puigdemont y le ayudó a diseñar la estrategia para llevar a cabo el referendo del primero de octubre, que culminó con la declaración unilateral de independencia, lo que provocó la reacción del gobierno español, que encabeza Mariano Rajoy, quien ordenó aplicar el artículo 155 de la Constitución.

Puigdemont se refugió en Bélgica con algunos miembros de su gobierno, mientras el ex vicepresidente Oriol Junqueras y el resto de funcionarios fueron encarcelados por los delitos de rebelión, sedición y malversación.

Desde Bruselas, Puigdemont se comprometió a volver a Cataluña si en los comicios del próximo 21 de diciembre gana en las urnas la presidencia.