Cuando sólo faltan dos sesiones para que termine el periodo ordinario de sesiones, el presidente Enrique Peña Nieto envió un paquete de tres iniciativas a la Cámara de Diputados, que fueron turnadas a comisiones; dos, en materia de solución de controversias vecinales, comerciales y entre comunidades indígenas, y otra que propone una nueva ley general de mejora regulatoria.

En la iniciativa de ley general de justicia cívica e itinerante, el Ejecutivo federal planteó que se requiere una forma más ágil y eficaz de resolver controversias, al privilegiar una solución amigable mediante la intervención activa de las partes, en sustitución de las autoridades judiciales.

Para ello propuso que si bien en cada estado se tenga una estructura mínima en los juzgados cívicos, la solución de conflictos esté a cargo de facilitadores que orienten a las partes a encontrar una solución. Tanto en este caso como en la iniciativa de ley general de mecanismos alternativos de solución de controversias, el Presidente expuso que la mediación pueda estar a cargo de empresas privadas.

En cuanto a las sanciones por infracción a la justicia cívica, la iniciativa considera que las leyes estatales puedan definir su propio catálogo, a partir de la dinámica social particular, pero con prioridad al servicio en favor de la comunidad y proceder al arresto sólo en casos en que esté en riesgo la seguridad ciudadana.

Respecto de la ley general de mecanismos alternativos, Peña Nieto refirió que los problemas generados en la convivencia diaria en colectivos como escuelas, centros de trabajo o comunidades puedan ser resueltos por facilitadores públicos o privados, que intervengan incluso en conflictos mercantiles.

El alcance de esta ley se refiere a problemas en materia civil, familiar, administrativa y de conflictos comunitarios.

Para casos de disputas comerciales, planteó eliminar las atribuciones de magistrados, jueces o secretarios para actuar como conciliadores y permitir que las partes intenten la conciliación en una institución especializada o mediante 'conciliadores privados.

En la iniciativa de ley general de mejora regulatoria, además de buscar la simplificación de trámites, incluyó un rubro que permite la intervención de empresas, mediante la figura de visitas domiciliarias, que tendrán la tarea de comprobar, por parte de la autoridad administrativa competente, que los particulares realizan sus actividades o prestan los servicios públicos que les han sido concesionados.