Buenos Aires.

Diputados heridos y otros golpeados por gendarmes fue el saldo de una brutal represión con camiones hidrantes y balas de goma contra una manifestación que congregó a unas 250 mil personas, que después de un acto en la zona del Obelisco marcharon hacia el Congreso y encontraron una muralla de fuerzas de gendarmería, prefectura, infantería de Policía Federal y de la ciudad que sitiaron el edificio, como si estuvieran en guerra, lo que llevó a la Confederación General del Trabajo (CGT) a convocar a movilizaciones para este jueves y un paro nacional este viernes.

Los diputados heridos son Victoria Donda (hija de desaparecidos), Juan Manuel Huss y Leonardo Grosso, por intentar frenar el accionar de las fuerzas de seguridad.

La brutal imagen de este día hizo retroceder a los tiempos de las dictaduras militares, y sucedió a muy poca distancia de una inmensa zona restringida donde sesionaba la Organización Mundial del Comercio (OMC), ante cuyos representantes el presidente Mauricio Macri calificó de extraordinarios los dos años de su gobierno.

Miles de manifestantes marcharon pacíficamente el pasado martes; muchos de ellos también fueron reprimidos en las movilizaciones contra la OMC y la reforma previsional que el mandatario ordenó votar sí o sí este jueves, y que es rechazada por 87 por ciento de la población, era el escenario detrás de la imagen de una ciudad militarizada.

El término estado de excepción en el lenguaje más cuidado se convertía en un: Macri, basura, vos sos la dictadura en algunas voces de la multitud, que marchaba con la consigna sin techo y sin trabajo la reforma es contra los de abajo, y que integran desempleados, indigentes, piqueteros de Barrios de Pie, de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) el Movimiento Evita, la Corriente Federal que agrupa a importantes gremios de la CGT y otros.

Además de abrazar al Congreso se pensaba organizar una vigilia y permanecer en la plaza para estar este jueves, cuando se reúnan los diputados citados por el oficialismo para votar la rechazada reforma previsional que recorta haberes de jubilados, pensionados, discapacitados, la Asignación Universal por Hijo, las pensiones de los ex combatientes de las Malvinas, el dinero para los comedores populares y otros beneficios sociales.

Los dirigentes de la marcha que pedían la emergencia alimentaria en forma urgente tenían anotadas las cifras de aumento de medio millón de pobres y un nuevo millón de indigentes (dos tercios de la población) sólo en este último año y de 48 por ciento de niños desnutridos que publicó la Universidad Católica Argentina (UCA), realidad que el gobierno se empeña en no ver.

Denunciaron, asimismo, que mientras el gobierno perdonó los impuestos a los más fuertes exportadores de soya, granos y carne, a las mineras, a los especuladores financieros que están enviando millones de dólares fuera del país, bajó las cargas sociales a los empresarios y el ministro de Economía, Nicolás Dujovne, advirtió que en las próximas negociaciones salariales (paritarias) los aumentos no podrán exceder 16.6 por ciento, cuando la inflación de este mes suma casi 3 por ciento, y los salarios mínimos no cubren la canasta básica.

Lo más grave son las denuncias de cómo Macri y sus funcionarios han extorsionado a los gobernadores, amenazándolos con no enviarles los fondos de coparticipación para que sus diputados voten este jueves la reforma, porque necesita que esto suceda antes de que se retiren los representantes de la OMC.

Para eso el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, militarizó las calles que rodean el Parlamento; la misma ministra que decidió desde los graves sucesos en el sur contra los mapuches que las fuerzas de seguridad debían actuar sin pedir autorización a la justicia.