La inhabilitación por cuatro años para que ninguna dependenci de la admimistración pública federal realice contrataciones con Constructora Norberto Odebrecht –filial de la empresa brasileña Odebrecht– es apenas la primera de las sanciones impuestas por irregularidades administrativas en los contratos con Pemex Tranformación Industrial derivado de la conclusión de dos de los ocho procedimientos sancionatorios, sostuvo la secretaria de la Función Pública, Arely Gómez.

México, a través de la Secretaría de la Función Pública, es el único país en América Latina que, hasta el momento, ha inhabilitado a la empresa brasileña para concursar en futuras contrataciones públicas. De este modo, se reconoce que el fenómeno de la corrupción es una dinámica que ocurre en condiciones de coparticipación, agregó. La dependencia ha hecho lo que le corresponde. Nada más de lo que le corresponde..

Destacó la necesidad de diferenciar el marco legal mexicano que traza dos rutas: la penal y la administrativa, y esta última es la que compete a la SFP. Explicó que la naturaleza y alcances de las acciones y medidas emprendidas por la Función Pública, de frente a hechos que ocupan un lugar preponderante en la agenda pública nacional y uno de ellos: el caso relacionado con la empresa Odebrecht.

Auditoría transversal

Recordó que desde que se conoció la trama de los sobornos que Odebrecht había otorgado para obtener contratos en varios países de América Latina, la SFP ordenó una auditoría transversal para indagar posibles irregularidades administrativas en México a partir de lo cual se desprendieron ocho procedimientos en contra de diversas filiales de la empresa brasileña.

En tres de ellos, cuando la SFP estaba a punto de dictar resolución, la empresas y sus apoderados legales interpusieron un amparo y el juez le concedió la suspensión definitiva, por lo que la secretaría promovió una apelación. Por ahora sólo han concluido dos procedimientos, uno que involucra a Norberto Odebrecht Constructora y otro a un funcionario de Pemex Transformación Industrial, a quien se le impuso una multa por 119 millones de pesos, informó Gómez.

Sin duda, cuatro años de inhabilitación tienen un impacto importante en las finanzas de cualquier empresa; sin embargo, es fundamental reiterar que ésta es sólo la primera resolución emitida dentro de una investigación que dio lugar a ocho procedimientos sancionatorios, dijo.

En otro orden, en un mensaje a medios con motivo del final de año, la secretaria dio a conocer que en enero próximo se presentará el nuevo esquema de operación del sistema de contrataciones públicas conocido como Compranet.