l Ejército y en general las fuerzas armadas son necesarias, tienen funciones importantes frente a desastres y en casos extremos, sólo previa suspensión de garantías conforme a la ley, pero como sus mismos jefes lo han reconocido, su función no es de vigilancia ni investigar delitos.
A pesar de ello, la terca Ley de Seguridad Interior se aprueba a contrapelo de la opinión de ciudadanos, defensores de derechos humanos, constitucionalistas, clérigos, expertos nacionales y extranjeros, así como de organismos especializados como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en México, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Latinoamérica, todos opinan en contra; especialistas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) también la condenan y propusieron que no fuera aprobada.
Se denomina ley de seguridad
, pero ya desde ahora produce inseguridad, se adivina peligrosa para los civiles y en el fondo constituye una amenaza. Pudiera ser que esa sea la intención buscada por sus impulsores: atemorizar y amenazar. Es lo propio de un sistema autoritario y con proclividad a la dictadura, sea o no perfecta.
Tiene razón el abogado Edmundo Garrido Osorio, procurador de justicia capitalino, quien a pregunta de un reportero sobre el tema contestó: En la Ciudad de México tenemos elementos suficientes, tanto en la Procuraduría como en la Secretaría de Seguridad Pública, y están altamente capacitados; nosotros haremos nuestro trabajo y seremos respetuosos de lo que se prevea
. Agregó que la obligación de justicia y seguridad en la capital corresponde a la procuraduría y la policía preventiva, no al Ejército.
A estas reflexiones prudentes, agrego dos comentarios: cuando fui procurador apareció en una colonia del oriente una banda que extorsionaba a pequeños comerciantes, talleres, salones de belleza y otros negocios muy comunes en los barrios de la ciudad; llegaron los maleantes al extremo de arrojar una bomba casera a una pollería y en el hecho falleció una pequeña. Investigamos, pero requeríamos patrullaje disuasivo, la Policía Federal Preventiva, entonces al mando del abogado Alejandro Gertz Manero, nos apoyó de inmediato y hubo una coordinación ejemplar. No necesitamos acudir entonces ni al Ejército ni menos a la Marina, que en ese tiempo se ocupaba sólo de costas y muelles.
Otro comentario oportuno se refiere al caso que conocimos hace unos meses en la delegación Tláhuac, hecho muy sonado, en el que 200 marinos (no marines, pero poco les falta) atacaron un domicilio particular (según trascendió, el despacho de un abogado) y sin una baja ni un herido de ellos, abatieron
a ocho personas, luego explicaron lo sucedido diciendo –lo cual ha de ser cierto– que se trataba de un traficante y delincuente muy poderoso y de sus cómplices. Al menos públicamente no se ha sabido más del caso, los que dispararon fueron los que explicaron el cómo y el por qué. Después, muy poco se ha informado.
En el caso de la colonia a la que me referí, el Ministerio Público y la Policía Judicial, así se llamaba entonces, pudieron detener a los responsables y con patrullajes de agentes federales y locales bien coordinados fue suficiente para volver a la tranquilidad.
El Ejército debe ser una institución respetada, lo queremos ver en los desfiles con gallardía y disciplina; saber que se encuentra preparado para rechazar un ataque que venga del exterior. Al igual que sus superiores y, sin duda muchos de sus integrantes, no nos parece que su labor sea la de policías y persecutores de delincuentes, menos en una ciudad tan grande y populosa como la nuestra. Muchas gracias, preferimos confiar en nuestras autoridades locales.
Sobre la ley tan criticada, es natural, produce desconfianza. Como lo han observado el pueblo y expertos, su texto encierra una amenaza y no falta quien la señale como el preámbulo del uso de la fuerza en materia política; debió detenerse y abrirse una discusión más amplia y participativa.
