Ante la presión del PAN para reponer el procedimiento de selección de candidatos a titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Cámara de Diputados cerró ayer su periodo ordinario de sesiones sin poder designar a quien debe sustituir a Juan Manuel Portal Martínez, quien termina su encargo el 31 de diciembre.

En ese caso, debe asumir las funciones del cargo el auditor especial de Cumplimiento Financiero, Juan Javier Pérez Saavedra.

Para el PRI este nombramiento es el principal pendiente que dejan los diputados. La terna de candidatos se construyó entre todos los integrantes de la Comisión de Vigilancia y al final el dirigente de Acción Nacional (Damián Zepeda) intentó descalificarla. Vino a San Lázaro, desplazó al coordinador (Marko Cortés) y desconoció los votos de los diputados panistas en la comisión, recordó el coordinador del PRI, César Camacho.

Al respecto, Marko Cortés dijo que su partido insistió en escuchar a la sociedad, porque el cargo de auditor es de ocho años y no basta tener una mayoría calificada, sino tener un consenso. Anunció que la designación es prioritaria, pero en tanto, como ha señalado el PRI, la auditoría funcionará sin titular.

Durante la sesión de ayer, Morena pidió que se votara la terna –integrada por David Colmenares, Salim Arturo Orci y Ángel Trinidad Zaldívar– y el presidente de la Mesa Directiva, Jorge Carlos Ramírez Marín (PRI), sugirió a los coordinadores parlamentarios buscar un acuerdo, que finalmente no se concretó.

En su curul, Vidal Llerenas (Morena) planteó: Queremos que se dispensen los trámites para la terna del auditor, que fue ya votada por una comisión en un proceso abierto. Hay tres personas seleccionadas y lo correcto, si no queremos seguir el ejemplo del Senado, que no ha votado el fiscal general, es elegir al auditor.

Frenar la violencia... hasta 2021

Durante la sesión el pleno aprobó una minuta del Senado, con el propósito de frenar la violencia política de género, aunque ésta entrará en vigor hasta la elección federal de 2021. La falta se define como la acción u omisión que en el ámbito político o público tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos político electorales de una mujer y el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo o función del poder público.