El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales, afirmó que en los albores del seguramente complicado proceso electoral del año próximo, una de las misiones más delicadas que tiene el Estado es garantizar la seguridad jurídica.

Al rendir su tercer informe de labores, dijo que “no es sólo un compromiso de la autoridad hacer bien las cosas que conforme a la Constitución y las leyes le competen. También los ciudadanos debemos estar conscientes de que cumplir con la ley, con nuestros deberes, favorece la paz social (…) y la seguridad jurídica genera certeza en todos, permite la convivencia, y mejor aún permite la paz”.

Asimismo, aseguró que el sistema acusatorio no es un sistema de prisiones o libertades, es un sistema sustancialmente de protección de derechos fundamentales; refirió que el tema de la igualdad de género no es una moda pasajera, y los delitos que se cometen contra las mujeres deben ser investigados y los responsables enjuiciados, para que no queden impunes, porque esto favorece la continuación y aumento de los delitos.

Subrayó que en el Poder Judicial de la Federación se hace eco al llamado de los organismos internacionales para que se detenga la violencia de género contra mujeres y niñas, incluidas todas las formas de violencia sexual, acoso sexual y violación, (y que este fenómeno) es una pandemia mundial y una grave violación de los derechos humanos.

Co la presencia del presidente Enrique Peña Nieto, y representantes del Congreso de la Unión, Aguilar Morales dijo que no es tarea ni responsabilidad del Poder Judicial de la Federación mejorar las condiciones de seguridad del país, pues los encargados de impartir justicia lo hacen al juzgar de frente a la sociedad.

El también presidente del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) indicó que en la consolidación del nuevo Sistema de Justicia Penal, la justicia federal ha cumplido cabalmente con la parte que le toca.

Apuntó que el objetivo de jueces es la protección de los derechos, de una convivencia social pacífica, sancionando al que se le ha demostrado, mediante el proceso legal correspondiente, el debido proceso, su culpabilidad, no antes, (ya que) sólo los jueces juzgan y sólo los jueces pueden determinar si alguien es culpable o no de lo que se le acusa.

En ese contexto, informó que durante el último año fueron sancionados 407 servidores públicos del PJF; agregó que el Consejo de la Judicatura Federal no tolera conducta alguna que sea contraria a ley, por lo que condenó a quienes sin ética y sin respeto a los derechos humanos difunden información que afecta la honorabilidad de servidores públicos.

Dijo que los jueces federales tienen el compromiso ineludible de cumplir y acatar las obligaciones que nos impone la Constitución y la ley, por la protección de los derechos de todos, de la sociedad, de los inculpados, en especial de las víctimas y en beneficio de México.