El Senado cerró el penúltimo periodo de sesiones de la legislatura con un gran rezago, que incluye el nombramiento del fiscal anticorrupción, la ley para crear la fiscalía general de la República y la legislación contra el robo de hidrocarburos, una treintena de nombramientos pendientes y de tratados y convenios internacionales.

En octubre hubo una reunión de presidentes de las juntas de coordinación política de ambas cámaras del Congreso, en que se enlistaron 53 temas prioritarios que se intentaba aprobar antes de que concluyera el periodo ordinario. Si embargo, el pasado viernes 15 concluyeron las actividades legislativas sin mucho avance.

El Senado dio prioridad a la Ley de Seguridad Interior. En las pasadas tres semanas la atención se centró en esa legislación y quedaron fuera las reformas encaminadas a acabar con la sustracción ilegal de petróleo y gasolina a través de las bandas criminales conocidas como huachicoleros.

No hubo tiempo para dictaminar esa materia, tampoco para avanzar en la ley de la fiscalía general de la República, ni para las modificaciones a la Ley General de Educación que busca impulsar la reutilización de los libros de texto, pese a que fue incluida en la agenda del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Tampoco hubo oportunidad de alistar la ley que dará autonomía al Coneval, ni para nombrar al fiscal anticorrupción, tarea que el Senado tiene pendiente desde 2014. Ha habido dos convocatorias, en la segunda, que se emitió a fines de 2016, los 23 candidatos ya comparecieron y el grupo ciudadano que acompañó a las comisiones dictaminadoras definió a cuatro finalistas, pero la negociación se frenó porque el Partido Acción Nacional (PAN) no avala al candidato que el PRI impulsa.

El Senado tiene también pendientes una treintena de nombramientos de magistrados, entre ellos los 18 del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), responsables de sancionar faltas relacionadas con corrupción, como son cohecho, peculado y desvío de recursos públicos.

Aquí el Senado está en falla, ya que los 18 magistrados tenían que iniciar su gestión el 17 de julio de este año. Falta además por ratificar una docena de tratados y convenios internacionales que el propio secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, pidió que se les diera trámite durante su comparecencia en esa cámara, el mes pasado.

Dos de esos tratados son los que establecen límites marítimos en la zona oriental del Golfo de México –donde hay yacimientos transfronterizos– con Estados Unidos y Cuba.