Existen otras formas de muerte violenta de las mujeres que de acuerdo con especialistas deberían ser investigados mediante los protocolos de feminicidio, para descartar que haya sido debido a razones de género. El suicidio es una de ellas, refiere el estudio Violencia Femincida en México, Aproximaciones y Tendencias 1985-2016.

De acuerdo con el informe presentado el miércoles pasado, este flagelo ha ido a la alza, pues mientras que en 1990 la tasa de defunciones femeninas con presunción de suicidio era 0.6 mujeres por cada 100 mil, en 2016 subió a 1.9, peor aún en 2014 y 2015, cuando tuvieron su punto más alto, al registrar 2.

Chihuahua presenta los niveles más altos de suicidio femenino, poco más de cinco por cada 100 mil mujeres, seguido de Campeche y Aguascalientes con cerca de los cuatro, Yucatán, Jalisco y Quintana Roo están en tres por cada 100 mil mujeres, cuando el promedio nacional es de 1.87. En el extremo opuesto se encuentra Veracruz, con la tasa más baja de menos de 1.

En el documento se señala que esta tendencia al alza genera una serie de interrogantes acerca de sus causas, pero también pone en evidencia la necesidad de diseñar políticas y programas que atiendan la salud mental de las mujeres que han padecido violencia. Es también muestra de la existencia de un contexto generador de violencia feminicida, expone.

Otro fenómeno preocupante, que refiere el informe, es la desaparición de mujeres. Ésta puede ser el preámbulo para un feminicidio. No obstante, señala que un obstáculo para analizar y establecer la relación con la violencia de género es la falta de información completa y adecuada.

La proporción de mujeres desaparecidas pasa de uno de cada cinco casos en 2010 a dos de cada tres en 2017. En los datos compilados por el Instituto Nacional de las Mujeres, ONU Mujeres y la Secretaría de Gobernación, se señala que en 2017 62 por ciento de los casos de personas no localizadas fueron mujeres.

Desde 2014 el aumento de casos ha sido superior a 10 por ciento, en ese año fue 30, para el siguiente, 41 y en 2016, 56 por ciento.

Las dependencias destacan que la información proporcionada en el informe resulta esencial para tener una visión más completa de la violencia que sufren las mujeres y resulta muy útil para diseñar y ejecutar políticas públicas dirigidas a la erradicación de la violencia de género.