Debido a la política del gobierno mexicano de criminalizar a los migrantes indocumentados, así como a las condiciones de violencia estructural que padecen las mujeres, muchas trabajadoras internacionales sin documentos son acusadas de delitos que no sólo no cometieron, sino de los que incluso han sido víctimas, en particular la trata de personas.

Así lo indicó el informe Criminalización de mujeres migrantes. Análisis de seis casos en la frontera sur, en el cual se plasman las historias de mujeres de diversas nacionalidades que fueron víctimas de múltiples abusos e injustamente encarceladas, en el marco de procedimientos legales llenos de irregularidades.

En el estudio –elaborado por la Universidad Iberoamericana y los centros de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez y Fray Matías de Córdova–, se documentaron los casos de seis mujeres que permanecieron recluidas en el Centro de Reinserción Social de Tapachula, Chiapas, acusadas de trata de personas y otros delitos afines.

Las migrantes cuyas historias se incluyen en el documento son Rosa Elvia Marcia Díaz (hondureña), Guadalupe Pérez Rodríguez (guatemalteca), Santa María Rosales (hondureña), Lorenza Obdulia Reyes Núñez (hondureña), Lilian Elizabeth Aguilar (guatemalteca) y Rosario Noriega Soto (mexicana).

Aunque cada caso tiene sus particularidades, algunos de los ras-gos comunes en todos ellos son que las víctimas salieron de su lugar de origen por pobreza y violencia, fueron detenidas de manera arbitraria por las fuerzas de seguridad mexicanas y luego torturadas o sometidas a tratos inhumanos y degradantes para autoincriminarse por diversos delitos.

De igual manera, en todos hubo violaciones graves al debido proceso, como falta de información sobre los motivos del arresto, exhibición en los medios informativos, falta de asistencia consular y defensa adecuada, uso de pruebas ilícitas en su contra y sometimiento a condiciones de reclusión inadecuadas.

A partir de estos seis casos particulares, el informe documentó que una gran cantidad de mujeres centroamericanas que migran a México sin documentos se ven obligadas a laborar como trabajadoras sexuales en centros nocturnos, y muchas otras también se desempeñan en el trabajo doméstico, agrícola y de comercio informal.

Las víctimas, subrayó el estudio, son estigmatizadas por ser extranjeras, pobres e indígenas, en un escenario donde no existen políticas oficiales para protegerlas.

La investigación reveló que el origen de los abusos contra migrantes indocumentadas se encuentra no sólo en las políticas que las criminalizan por su estancia irregular en el país, sino también por las causas estructurales de desigualdad social y de género, y las constantes violaciones a los derechos humanos cometidas en el transcurso de los procesos penales.