En los cinco años de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto más de 600 mil micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) del país han cerrado por la falta de créditos y programas de impulso al sector, así como por la escasez de recursos para el campo, el incremento de la delincuencia, la corrupción y el pago de derecho de piso, denunció Alejandro Salcedo Pacheco, presidente de la Asociación Latinoamericana de Micros, Pequeños y Medianos Empresarios (Alampyme), a la cual, aseguró, están afiliados 300 mil negocios de la región.

Las reformas estructurales impulsadas por el mandatario federal no han beneficiado a los mexicanos, no han generado reactivación interna y 70 por ciento de programas públicos son destinados a las grandes compañías, expresó.

Agregó que en el año en curso el gobierno federal ha dejado como saldo un incremento de 50 por ciento de los precios de la canasta básica, de 48 en los combustibles, de 40 en las materias primas y hasta de 35 por ciento en los servicios. Previó que la situación empeorará como consecuencia del aumento de las tasas de interés, ya que con ello, dijo, se encarece todo y la inflación será mayor a lo previsto oficialmente.

Por otro lado, Salcedo Pacheco sostuvo que si el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) dejara de existir, las Mipymes somos las menos afectadas, ya que sólo 5 por ciento de éstas exporta. Sin embargo, se quejó de que en la renegociación sólo se consideran los intereses de las grandes compañías y organismos del sector privado, como el Consejo Coordinador Empresarial, y no se ha dejado participar a las Mipymes y al campo.

Pese a dicha marginación, destacó, los socios de la Alampyme en 13 países de América Latina han aprovechado la red de acuerdos comerciales con cero aranceles en muchos artículos que ha firmado México para hacer negocios en la región. Este año las Mipymes del país alcanzaron en conjunto 13 millones de dólares en la comercialización de productos básicos, topes marinos, grúas, contenedores y camiones de basura, incluso chatarra, sin recurrir al Banco Nacional de Comercio Exterior, Nacional Financiera y la banca privada, a los que acusó de poner trabas al sector para proporcionarles consultorías y créditos, con el fin de incursionar en los mercados internacionales.

En la pasada conferencia de la Alampyme, Salcedo insistió en que cada año cierran entre 70 y 120 negocios que pertenecen a los sectores industrial, restaurantero, comercio detallista y servicios. Mencionó que cuando se crea una plaza o centro comercial, se pierden mil 500 micronegocios a su alrededor.

Abundó que con la delincuencia se han creado pueblos o comunidades fantasma en estados del norte y sureste de México. Los dueños de pequeñas tiendas de abarrotes, taquerías o quienes venden en puestos de mercados públicos prefieren cerrar el negocio ante el llamado derecho de piso –unos mil 500 pesos a la semana, por lo menos– que les exige el crimen organizado, mientras quienes deciden permanecer en el mercado deben desembolsar el equivalente a 15 o 20 por ciento de sus ingresos para asuntos de seguridad, como instalación de cámaras de vigilancia o seguridad privada.

Sobre el posible fin del TLCAN y las afectaciones en términos económicos, de empleo o como proveedoras pueden tener los pequeños negocios, independientemente de que no sean exportadoras, aseveró que serán mínimas en comparación con el impacto que recibirán los grandes corporativos y trasnacionales que se han beneficiado del mismo.