El castigo legal a quien dañe el prestigio o la respetabilidad de las personas desde las redes sociales o cualquier medio de comunicación, no vulnera la libertad de expresión ni implica censura contra los usuarios de esas herramientas, coincidieron en afirmar los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados.

La semana pasada todos los partidos políticos –por unanimidad– votaron en favor una adición al Código Civil Federal, con el propósito de acotar los excesos en las redes sociales.

El artículo 1916-bis, modificado –y enviado como minuta al Senado– indica a la letra lo siguiente: estarán sujetos a la reparación del daño moral de acuerdo con lo establecido por este ordenamiento y, por tanto, las conductas descritas se considerarán como ilícitos: El que comunique, a través de cualquier medio tradicional o electrónico, a una o más personas la imputación que se hace de otra persona física o moral, de un hecho cierto o falso, determinado o indeterminado, que pueda causarle deshonra, descrédito, perjuicio, o exponerlo al desprecio de alguien.

Ayer, al iniciar el periodo de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso en San Lázaro, el líder de la bancada del PRI, César Camacho Quiroz, expuso las razones para, en unanimidad, sacar avante ese artículo: El 1916 del Código Civil tiene muchos años en vigor, este es el artículo que prevé las hipótesis en las que procede una reparación cuando se efectúa un daño moral, allí un valor jurídico que protege, que es el prestigio, la respetabilidad de las personas. Entonces cuando alguien considera que expresión de otras personas afectan su respetabilidad, su buen nombre, su prestigio, está en su derecho de demandar civilmente por daño moral, y está en la última reforma y adición, que por cierto se aprobó unánimemente, con 386 votos, cero en contra, ninguna abstención.