as elecciones autonómicas realizadas ayer en circunstancias de excepcionalidad por la suspensión de sus instituciones, determinada por el gobierno y los tribunales españoles, dejaron prácticamente intacta la fractura entre secesionistas y españolistas, con una leve ventaja para los primeros en la conformación del parlamento local y un pequeño margen favorable de votos totales para los segundos. La estrategia seguida por el gobierno de Mariano Rajoy (Partido Popular, PP, derecha) con la aplicación del artículo 155 constitucional, que le permitió disolver el Parlamento, deponer al presidente catalán, Carles Puigdemont, y meter a la cárcel a varios integrantes de su gabinete, no logró, en suma, derrotar en las urnas al bando independentista, pese a que éste tuvo que jugar con todas las cartas en contra, con sus líderes sometidos a persecución judicial y policial y en unos comicios organizados desde Madrid.

o al PES, lucía el mensaje en letras negras sobre una cartulina blanca sostenida por dos conocidas simpatizantes de Morena: Elena Poniatowska y Jesusa Rodríguez; esto ocurrió al término del evento donde Andrés Manuel López Obrador presentó a su gabinete para 2018. Se trata de dos mujeres de esas que no se quedan en su casa, dos mujeres que corren tras de sí mismas desde que aprendieron a dar un paso hacia adelante, dos mujeres de izquierda. Al día siguiente, en la sede de la autoridad electoral, una activista trans de Morena, María Clemente García Moreno, sacó una bandera de la comunidad gay y cuestionó públicamente la alianza a la presidenta de su partido: es tu culpa que nuestra bandera se llenará de sangre.

os resultados electorales suelen producir análisis de coyuntura donde ganadores y perdedores se aprestan a justificar los motivos del éxito o fracaso. Son de corto aliento. En ellos desaparecen las consideraciones de carácter estructural, lo que define el sistema. Chile no es una excepción. La segunda vuelta no trajo novedades, ganó la derecha pinochetista, le guste o no a Sebastián Piñera el calificativo. No todo ha sido mérito propio. El gobierno de Michelle Bachelet, al igual que sucediera en su anterior mandato, se ha caracterizado por el mantenimiento del sistema privado de pensiones, la militarización de la Araucanía, la persecución del pueblo Mapuche, aumento de la corrupción, deterioro del precario sistema de salud, freno a la reforma educativa, corrupción galopante, rechazo a una constituyente, entrega del país a las trasnacionales, y una política exterior acompasada a los intereses de Estados Unidos. Durante su gobierno las protestas se multiplicaron, estudiantes, trabajadores, campesinos, profesionales, maestros, mujeres, jóvenes, coparon las calles alzando la voz contra el neoliberalismo en todas las vertientes. Han sido cientos de miles quienes, además, sufrieron la violencia policial y la represión. El punto culmine fue el plebiscito ciudadano del primero de octubre de este año, en el que participaron más de un millón de personas pidiendo la anulación de las AFP o capitalización individual de las pensiones, por un sistema solidario y público de seguridad social y jubilación. Nada pareció alterar la ruta. Oídos sordos. La dama de cobre, por lo maleable, Michelle Bachelet, se plegó a los dictámenes de la OMC, FMI, Banco Mundial, capital financiero y trasnacionales. En América Latina sus aliados han sido Brasil, Argentina, Perú, Colombia o México. Sometidos a la OEA en su política beligerante contra Venezuela no le duelen prendas al señalar que el presidente Nicolás Maduro es un dictador.