a Auditoría Superior de la Federación (ASF) de la Cámara de Diputados se prepara para un relevo inminente en su dirección: Juan Manuel Portal, en la titularidad de ese organismo desde diciembre de 2009, será sustituido por Juan Javier Pérez Saavedra.
Establecida por medio de una reforma constitucional en 1999 en remplazo de la vieja Contaduría Mayor de Hacienda, la ASF ha ido adquiriendo una relevancia creciente en la vida institucional del país y de entonces a la fecha sus investigaciones han revelado graves vicios en diversas dependencias del Ejecutivo federal y, en tiempos más recientes, de gubernaturas, municipios, órganos públicos autónomos y personas y entidades públicas o privadas que operen con fondos federales.
Concebida como un instrumento de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del gasto público, la ASF ha dado a conocer enormes volúmenes de subejercicios, desvíos y gastos no justificados, entre otras malas prácticas gubernamentales durante varios sexenios, y ha cumplido con la tarea de informar a la opinión pública de los manejos del dinero por parte de funcionarios y gobernantes. Más aún, la ley reglamentaria correspondiente –la de Fiscalización Superior de la Federación– le otorga facultades para determinar daños, fincar responsabilidades y presentar las denuncias correspondientes ante la Procuraduría General de la República (PGR).
Sin embargo, los señalamientos por irregularidades que formula la ASF sólo en raras ocasiones se traducen en causas judiciales y sanciones para los responsables y, por el contrario, con frecuencia desembocan en la impunidad. Pero la responsabilidad de tal situación no puede atribuirse al organismo fiscalizador de San Lázaro sino a las instancias de procuración de justicia que suelen exhibir una conducta omisa o cuando menos discrecional y arbitraria cuando llega el momento de imputar a funcionarios públicos.
Esta falta de consecuencias es gravísima si se tiene en cuenta que en los ocho años anteriores la ASF realizó, como consecuencia de 11 mil 754 auditorías, observaciones sobre irregularidades por 541 mil 888 millones de pesos, y que casi la mitad de esa suma –225 mil 271 millones– sigue sin aclararse.
Si existiese la voluntad de hacer cumplir la ley, bastaría con el trabajo coordinado de tres instituciones –la propia ASF, la PGR y la Secretaría de la Función Pública– para mantener a raya la corrupción en las instituciones públicas del país, recuperar los montos desviados o robados al erario y evitar la conformación de más oficinas públicas onerosas, redundantes y cuya utilidad es hasta ahora incierta, como el Sistema Nacional Anticorrupción.
Antes de recurrir al diseño de nuevas dependencias y de reformas legales adicionales, sería necesario que se desarrollara en todos los niveles de gobierno y en todos los ámbitos de la administración pública la voluntad política de hacer cumplir las leyes ya existentes. En lo inmediato, de 2009 a la fecha se acumulan observaciones por más de 225 mil millones de pesos de dinero público que nadie sabe dónde está y, según puede verse, sin que exista la determinación real de averiguarlo.
