La intervención de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública no debe otorgarse bajo criterios discrecionales e ilimitados, consideró el Centro Católico Multimedial (CCM).

En el documento Perspectiva cristiana sobre la Ley de Seguridad Interior, elaborado por la Unidad de Investigación del CCM, se indica que esa norma tendría que haber propuesto alternativas progresivas para la profesionalización de las fuerzas civiles y devolver al Ejército a los cuarteles bajo la dirección de personal responsable y debidamente cualificado en el respeto a los derechos humanos.

Puntualiza: La Ley de Seguridad Interior debe establecer de manera clara y limitada cuáles son las acciones de las que se ocupan las fuerzas armadas para devolver la paz en cualquier zona perturbada y amenazada. Ninguna acción armada puede justificarse contra el ejercicio del derecho de libre difusión de las ideas y la manifestación pública pacífica.

Subraya que la investigación de los ilícitos tiene una delimitación de competencias establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese sentido, agrega, las fuerzas armadas son incompetentes para fungir como autoridades ministeriales, por lo que la nueva legislación debe ser correctamente interpretada para que éstas no realicen actividades de persecución de delitos, labor que corresponde únicamente al Ministerio Público.

Indica que el pasado 21 de diciembre fue publicada en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación la Ley de Seguridad Interior, controvertida legislación que pretende lagitimar a las fuerzas armadas en las tareas de seguridad pública.

El CCM asegura que las fuerzas armadas han hecho labores heroicas que han devuelto relativa estabilidad a regiones del país, pero también hay otras que perturban seriamente el orden y han puesto en tela de juicio su capacidad por el respeto de los derechos humanos y colectivos.

Explicó: El problema no se refiere exclusivamente al uso del poder militar para vencer a cualquier enemigo ante la incapacidad de la autoridad civil, sino en el fondo es la ausencia de medidas, métodos y estrategias, en los que se han invertido presupuestos altísimos sin resultados contundentes.

Sobre este último punto manifestó que se apuestan millones de pesos a estrategias fallidas, pues, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2016 hubo un gasto en seguridad pública de 1.25 por ciento del producto interno bruto, lo que equivale a 236.8 mil millones de pesos.

Advirtió que las fuerzas armadas deben considerarse instrumentos de la seguridad y libertad de los pueblos, no al servicio de determinadas tendencias políticas o de estrategias de seguridad fallidas, ni a planteamientos políticos incompetentes.

Recordó que ante la rampante violencia, la carencia de cuerpos policiales calificados en gran parte del territorio nacional y la progresiva militarización de la seguridad, la Iglesia en México ha manifestado su preocupación en diversos momentos.

Explicó: “Es urgente que nuestros soldados tengan la debida atención sicológica y espiritual –ecuménica e interreligiosa– que los mantenga en el sano equilibrio de todas sus dimensiones personales para realizar su tarea de forma diligente y apegada a derecho, de respeto por los ciudadanos, pero también procurando los derechos del personal castrense”.