Zacatecas, Zac.

A cuatro días de que concluya 2017, en Zacatecas se han cometido 724 ejecuciones, según cifras oficiales, es decir, 21.5 por ciento más que en 2016, informó Francisco Murillo Ruiseco, titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), quien aseguró que 85.9 por ciento de los casos son homicidios vinculados con grupos del crimen organizado.

Este miércoles, en conferencia de prensa, el funcionario admitió que Zacatecas ocupa uno de los primeros lugares en el país en secuestro, con 71 personas, 48 de las cuales fueron liberadas por sus captores tras el pago de un rescate.

Gracias al trabajo de investigación y seguimiento, según Murillo Ruiseco, en este año han sido desarticuladas 13 bandas delictivas y detenidas 99 personas vinculadas con diversos delitos, entre ellas dos menores de edad.

Sin embargo hay casos recientes de privación ilegal de la libertad que no han sido resueltos y han generado descontento social.

Uno fue el secuestro de una adolescente de 14 años de edad, estudiante de una escuela secundaria del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey campus Zacatecas –hija de un médico y empresario–, perpetrado a principios de noviembre en la colonia Arboledas, en la zona conurbada de la capital del estado. La menor no ha sido rescatada.

Tampoco se ha localizado a Rosalía Ramírez y Antonio Troncoso, funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas, quienes el pasado 25 de octubre fueron enviados a pagar facturas a gasolineras ubicadas en los municipios de Ojocaliente, Loreto y Pinos, en el sureste de la entidad, y fueron interceptados por grupos de presuntos integrantes de la delincuencia organizada.

Solamente se localizaron en un paraje rural del municipio de Pinos los restos calcinados de dos personas, que fueron enviados a un laboratorio de medicina forense de la Procuraduría General de la República (PGR) para tratar de obtener muestras genéticas de fragmentos óseos y determinar si corresponden a los dos desaparecidos, reconoció Murillo Ruiseco.

El funcionario admitió además que no se ha logrado esclarecer el ultraje y homicidio de Cinthia Nayhelli Vázquez, estudiante de preparatoria de 16 años de edad, quien fue interceptada cuando se dirigía a su colegio, a principios de octubre.

Este feminicidio fue el detonante para que más de 15 mil personas, entre ellas estudiantes y profesores de la Universidad Autónoma de Zacatecas, marcharan y protestaran frente al palacio de gobierno del estado por la ola de violencia e inseguridad que hasta septiembre había causado la muerte de tres estudiantes de la Escuela de Veterinaria de esa institución, quienes fueron ejecutados en el municipio de Calera.

Autoridades inspiran desconfianza y temor

En este contexto, el funcionario detalló que existe una cifra enorme de ilícitos que no han sido denunciados, pues se calcula que sólo se reporta a las autoridades uno de cada 10 delitos que se cometen, por incredulidad o temor de la población hacia las instancias de procuración e impartición de justicia.