o es breve la lista de pasos en falso, acciones erradas, omisiones injustificadas y actitudes que ignoran –inadvertida o deliberadamente– los principios legales y las posiciones tradicionales, que se advierten en la práctica cotidiana de la política exterior mexicana en el nuevo siglo y con mayor frecuencia en los pasados cinco años. No se intenta, en estas líneas, presentar un recuento de episodios desafortunados sino examinar sólo el más reciente y uno de los más aberrantes: la abstención de México al votarse el 21 de diciembre, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el proyecto de resolución El estatuto de Jerusalén.

El texto de este proyecto y, en especial, el de sus párrafos resolutivos es inobjetable. El primero de éstos declara nulos y sin valor todos los actos y decisiones que pretendan modificar el carácter, el estatuto o la composición poblacional de Jerusalén, por lo que deben revocarse en cumplimiento de las resoluciones aplicables del Consejo de Seguridad. Destaca entre ellas la 478 (1980) que pide a todos los estados a que se abstengan de establecer misiones diplomáticas en esa ciudad. Reitera enseguida que todos los estados miembro deben cumplir las resoluciones del Consejo relativas a Jerusalén. Llama, finalmente, a que se evite poner en peligro la solución biestatal y a que se intensifiquen y aceleren el apoyo y los esfuerzos internacionales con objeto de lograr sin demora una paz amplia, justa y duradera en el Oriente Medio.

Conviene analizar la explicación de voto, emitida después de la votación por el representante permanente de México ante el organismo, notable por la ineptitud e insuficiencia de los dos argumentos que invoca. Pretende justificar la abstención, primero, como expresión de la preocupación de México por la distorsión que está sufriendo la legítima búsqueda de la paz entre Palestina e Israel. Agrega un segundo argumento al decir que México considera que, además de inútil, es desproporcionado tener [quiso decir: celebrar o realizar] una sesión de emergencia Unión Pro-paz de la Asamblea para rechazar tal declaración, refiriéndose a la formulada por Estados Unidos en la que designa a Jerusalén capital de Israel.

Al explicar la abstención como muestra de inquietud por la distorsión del proceso de paz se implica que el proyecto de resolución contribuye o agrava esa distorsión. La lectura del documento no confirma tal apreciación: el proyecto que la Asamblea aprobó por mayoría abrumadora se orienta a reafirmar la vigencia y legitimidad del proceso de paz, al reiterar la validez de las resoluciones del Consejo de Seguridad y de la propia Asamblea General de las que surge y en las que se apoya.

La resolución anterior más reciente de la Asamblea, la 72/15 Jerusalén, se adoptó por 151 votos, incluso el de México, con seis en contra, nueve abstenciones y 27 no participantes, el 30 de noviembre pasado. En sólo tres semanas, México halló razones suficientes para mudar su posición: de voto positivo a abstención. ¿Surgió en ese breve periodo un nuevo elemento de distorsión del proceso legítimo de paz que debiera preocupar a México? Sí, la declaración unilateral del gobierno de Trump. México no la considera, según la explicación de voto citada, positiva o útil. Coloca en un plano de igualdad una declaración unilateral que, de hecho, cancela o condena el proceso de paz y una acción multilateral que busca reafirmarlo.

Se ha dicho que la precipitada declaración estadunidense –con sus dos componentes: el reconocimiento de Jerusalén como ciudad capital de uno de los estados, o, si se prefiere, de una de las partes, en conflicto y la decisión de establecer allí la embajada estadunidense– cancela o condena al fracaso un laborioso proceso de búsqueda de la paz, basado en una solución biestatal, que tiene como uno de sus elementos centrales la negociación del estatus de Jerusalén como culminación del mismo. Tal declaración merecía de parte de México una condena enfática, no una mera apreciación sobre su inutilidad y negatividad, formulada en un lenguaje frío, carente de vigor político.

La declaración estadunidense sólo dio lugar al comunicado 459 de la cancillería, de 6 de diciembre, que en esencia se limita a señalar que México mantendrá su embajada en Tel Aviv. A diferencia de Guatemala, gobernada por otro show-man, que se apresuró a anunciar que actuaría como Trump.

Además, se intenta también explicar la abstención al decir que se considera desproporcionada la realización de una reunión de emergencia de la Asamblea General. De qué otra manera podía responderse al daño quizá irreparable que la declaración estadunidense significa. El mecanismo Unión Pro-paz permite a la comunidad internacional reaccionar ante el ejercicio abusivo del veto en el Consejo de Seguridad, que en este caso impidió la aprobación de un proyecto de resolución apoyado por el resto de los miembros del Consejo y de contenido prácticamente igual al aprobado a fin de cuentas por amplísima mayoría en la Asamblea General. Calificar de inútiles las acciones de la Asamblea en rechazo de decisiones u omisiones del Consejo de Seguridad contradice una de las posiciones más tradicionales y justificadas de la política exterior mexicana. Es claro que no rectifican las acciones ni suplen las omisiones del Consejo, pero sí establecen o reiteran obligaciones compartidas en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.

Hasta aquí el análisis de la explicación del voto mexicano. Es claro que para tratar de explicar lo inexplicable se necesitaba, al menos, una mejor argumentación.

Hubo otra circunstancia que sin duda influyó en la decisión de México de abstenerse en lugar de votar en favor: las amenazas proferidas por Trump y por su representante permanente en Nueva York. El alcance desmesurado de esas amenazas y el tono de prepotencia con que se formularon y difundieron días y horas antes de que la Asamblea General votase la resolución fueron ampliamente difundidos. No dieron lugar a reacción alguna de la cancillería mexicana. Pero parece que, llegado el momento de la votación, fueron efectivas.

No fue México el único que se amilanó. En América Latina, tanto Argentina como Colombia habían votado en favor de la resolución sobre Palestina en noviembre y también se abstuvieron. En conjunto, la votación en favor se contrajo de 151 a 128; los votos en contra aumentaron de seis a nueve y las abstenciones, de ocho a 35. Si se envía la señal de que lanzar amenazas es efectivo, Trump y su embajadora seguirán formulándolas y con mayor frecuencia.