usto antes de la contienda electoral federal, vivimos uno de los peores años en cuanto a desarrollo humano. Las cifras ponen a prueba la inelasticidad política en México: poca variabilidad del comportamiento electoral, pese a los malos resultados de los gobiernos en turno, lo cual lleva a la impresión de que en México no pasa nada.

La inflación va en 6.5 por ciento, aunque los precios de los alimentos se han incrementado por encima de ese porcentaje. Se ha publicitado el crecimiento del empleo; en Zacatecas se habla de 9 mil 576 registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social, 34 por ciento más en comparación con el año pasado. Sin embargo, algunos analistas han comentado que en realidad se trata de más registros, no necesariamente de empleos nuevos. Además, persiste el problema de la precarización laboral.

La mayor preocupación es la inseguridad: la incidencia delictiva general creció 13 por ciento, y los homicidios y robos con violencia, 38 por ciento. Al mismo tiempo que vivimos esta explosión de violencia, vimos pasmados escándalos de corrupción: la famosa estafa maestra, los casos de Javier y César Duarte y el de Odebrecht, entre otros. Eso debió acelerar las políticas de combate a la corrupción, pero vimos exactamente lo contrario: el Sistema Nacional Anticorrupción estuvo detenido en las cámaras legislativas y su aplicación en los estados fue lenta y tortuosa.

En educación básica, la aplicación de la reforma educativa se frenó. En educación superior, lo más relevante fue la crisis financiera de la Universidad Autónoma de Zacatecas junto con otras seis instituciones estatales, de un grupo de 17 con problemas crónicos. El dato contundente es que salió José Antonio Meade de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sin mostrar el menor interés en resolver el problema estructural. El escenario que aquí nos dibuja, usando los métodos de semaforización, es el de 2017 como año rojo en vísperas de uno electoral.