La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reiteró su convicción de que la Ley de Seguridad Interior (LSI) podría vulnerar las garantías básicas de los mexicanos y no implica ningún beneficio para los miembros de las fuerzas armadas, por lo que promoverá las acciones conducentes para prevenir que se violente el orden constitucional vigente.

En un posicionamiento público, el organismo manifestó su respeto por la determinación del Ejecutivo federal de no ejercer su atribución para formular observaciones al proyecto de LSI, pero lamentó que se deje de lado la oportunidad de llevar a cabo un diálogo honesto, plural, incluyente e informado sobre dicho ordenamiento.

De igual forma, lamentó que las observaciones de académicos, expertos y organizaciones de la sociedad civil que advirtieron sobre los riesgos de la polémica norma no fueron escuchados, ni tampoco intervino el Presidente de la República para formular observaciones a la ley, lo que habría evitado la polarización que resultará del análisis del tema por la vía jurisdiccional.

La CNDH manifestó una vez más que la LSI posibilita que se vulneren libertades básicas reconocidas en favor de los mexicanos, que se afecte el diseño y equilibrio establecido entre entidades, instituciones, órganos del Estado y poderes, así como el que se apliquen condiciones de excepción a la convivencia democrática entre la sociedad mexicana.

Además, la ley tampoco favorece de manera directa a los elementos de nuestras fuerzas armadas o policías. Por el contrario, abre una ventana para que al amparo de la ambigüedad, la opacidad y la falta de una debida y oportuna rendición de cuentas, se legitime una mayor intervención estatal en la esfera de garantías y libertades de las personas.

Por todo ello, la CNDH reiteró que promoverá las acciones conducentes para prevenir que se violente el orden constitucional y se vulneren los derechos humanos, al tiempo que dijo confiar en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejercerá su función como garante máxima de la constitucionalidad en México al resolver las acciones y controversias que se presenten contra la LSI.