El año que está por concluir fue de contrastes en materia de derechos humanos, ya que al mismo tiempo que se registraron algunos avances legales importantes, como la aprobación de normas contra la desaparición y la tortura, también hubo retrocesos graves como la Ley de Seguridad Interior, todo ello en un clima de violencia en aumento, señalaron organizaciones civiles.

Fernando Ríos, secretario ejecutivo de la red Todos los Derechos para Todas y Todos, recordó que 2017 ha sido probablemente el año más violento de toda la historia, como lo demuestran las cifras de homicidios dolosos y feminicidios, que se suman a los altos índices de desapariciones, tortura y desplazamientos forzados.

Habría que añadir que la corrupción está llegando a niveles nunca antes vistos, como lo demuestra el caso Odebrecht. Todo ello plasma una situación sumamente compleja, con mayor vulnerabilidad para los ciudadanos y un control de la seguridad que cada vez incluye menos a los derechos de la gente mediante la Ley de Seguridad Interior, advirtió.

Pese a lo anterior, Ríos destacó que también hay elementos que pueden aportar a la esperanza, como la promulgación de las leyes generales contra la tortura y la desaparición, la salida de prisión del luchador social Arturo Campos Herrera y la continuidad de la organización en el movimiento de víctimas.

Por su parte Carlos Ventura, coordinador general del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, coincidió en que las normas contra la de-saparición y la tortura son pasos alentadores que se consiguieron en 2017, lo mismo que la suspensión definitiva del permiso de siembra de maíz transgénico.

Sin embargo, estos avances ocurrieron en el mismo año en que se aprobó la Ley de Seguridad Interior, la cual indudablemente es una mala señal para 2018, porque legaliza la militarización de la seguridad pública y pone en mayor riesgo a los ciudadanos de ver trastocadas sus garantías básicas sin que haya mecanismos de vigilancia ni de rendición de cuentas.

Este año nos deja la enseñanza de que las instituciones, por desgracia, no actúan en favor de los derechos humanos, o sólo lo hacen a favor de los intereses de grupos particulares, pero también deja la esperanza de que las organizaciones cada vez están aprendiendo más a usar las leyes para revertir abusos graves, señaló Ventura.